La Cámara de Casación Penal de Concordia elevó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el planteo de la querella y la defensa en la causa contra el extitular del Instituto Portuario provincial, Juan Ruiz Orrico, acusado por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial el 20 de junio en la ruta 39.
La Cámara viene de rechazar el pedido de prisión preventiva solicitado por el abogado querellante Mario Arcusín, quien sostiene que está latente el peligro de fuga. No obstante, ampliaron las medidas de coerción que pesan sobre el exfuncionario: le impusieron la obligación de presentarse en forma semanal a la fiscalía de Concepción del Uruguay, todos los días miércoles o el día hábil siguiente si aquel fuese inhábil. Así, dejaron sin efecto la obligación de presentarse en forma quincenal a la comisaría.
Según publicó UNO, disconformes con esa decisión, los abogados defensores Félix Patricio Pérez y Leandro Ariel Monje presentaron una apelación, la cual también fue concedida por la Cámara de Casación, integrada por los vocales Pablo Garrera Allende, Germán Dri y María Clara Mondragón Pafundi.
Orrico está procesado por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas al chocar en la madrugada del 20 de junio en la ruta 39, a la altura del kilómetro 123, entre las localidades de Caseros y Herrera, departamento Uruguay.
El exfuncionario conducía un Volkswagen Passat (un vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre. Chiocó y mató a cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre.
En su recurso extraordinario, el querellante Arcusin aseguró que existe el peligro de fuga debido a las autorizaciones judiciales para que Ruiz Orrico pueda atenderse fuera de la provincia. Por su parte, los defensores Pérez y Monje interpusieron una impugnación extraordinaria contra la obligación de presentarse en forma semanal a la fiscalía de Concepción del Uruguay, porque las coerciones “violentan sus derechos a que se le presuma inocente hasta una condena firme” destruya ese estado constitucional y de no sufrir menoscabos en su libertad hasta que su condena adquiera firmeza”, manifestaron en el recurso, según registró UNO.”.
