Con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó ratificar la Ley de Financiamiento Educativo. Sin embargo, al no ser la mayoría los dos tercios de los presentes, quedó firme el veto del presidente Javier Milei y la iniciativa fue anulada. No se podrá tratar, además según el reglamento, hasta 2025.
Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”.
A La Libertad Avanza lo acompañaron este miércoles sus aliados del PRO -excepto dos-, el MID, Independencia, CREO y cuatro diputados de la UCR.
Por la positiva lo hicieron Unión por la Patria, una mayoría de la UCR, Encuentro Federal, un sector de Innovación Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz -dividido-, Producción y Trabajo, Movimiento Popular Neuquino y la exlibertaria Lourdes Arrieta.
Con un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas, el tema unió a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado.
La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
