La Cámara de Diputados de la Nación dará inicio este miércoles a la jornada que debatirá el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario. En la víspera y mediante sesión extraordinaria, el Consejo Superior de la UNER junto a las asociaciones gremiales docentes y no docentes, emitieron una declaración que exhorta a las y los legisladores, especialmente de Entre Ríos, a defender y respetar su compromiso con la educación pública.
Dicha declaración remarca que “la Educación Superior es un bien público social, proclamada así a nivel mundial, en tanto que constituye un derecho humano universal, cuyo sostenimiento es responsabilidad inalienable de los Estados”.
“Necesitamos que, a través de su voto, las y los legisladores permitan a la Universidad Pública honrar su compromiso con la construcción de una sociedad donde haya lugar y oportunidades para las y los jóvenes entrerrianos. La sociedad confía en que mañana acompañarán el reclamo manifestado por miles de comprovincianos el pasado 2 de octubre”, reza el texto, en referencia a la multitudinaria marcha federal universitaria. La declaración completa está disponible en este enlace.
En el mismo marco, también se difundió una Carta abierta a legisladores representantes del pueblo y de la provincia de Entre Ríos. La misma fue emitida por integrantes de asociaciones gremiales de las dos universidades nacionales con asiento en la provincia, UNER y UTN. En la misma línea, interpela la voluntad de quienes asistan a la sesión en el Congreso para rechazar el veto.
Está previsto que la sesión especial en la Cámara de Diputados comience a las 11. Los legisladores deben analizar la medida del Gobierno nacional de vetar totalmente la ley, aceptando o no la anulación de la norma.
Según el “poroteo” de intenciones entre oficialismo y oposición, la resolución será muy pareja. El Gobierno necesita que dos tercios de los diputados presentes en el recinto al momento de la votación lo hagan en favor del veto. En la mañana de este miércoles circulan cálculos que dan unos 85 votos favorables a la Casa Rosada, número que le alcanzaría a Milei para dejar firme la anulación de la ley.
