El presidente Javier Milei vetó, como había anticipado, la Ley de Financiamiento Universitario que había aprobado el Congreso mediante sus dos cámaras. La medida presidencial anunciada había motivado, entre otros reclamos, la Marcha Federal Universitaria que se realizó este miércoles en todo el país.
La anulación de la ley fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, el último día del plazo que tenía el Gobierno para hacerla caer, y ahora debe volver al Congreso. Los legisladores deberán decidir si sostienen la ley o avalan el veto, como pasó recientemente con la ley de Movilidad Jubilatoria, también vetada.
La ley de Financiamiento tenía por objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales” durante 2024 y determinaba que el Ejecutivo nacional debería actualizar las partidas presupuestarias del año con el fin de garantizar el financiamiento.
Se debía actualizar al 1° de enero el monto de los gastos de funcionamiento y de salarios de las Universidades Nacionales por la variación anual del año 2023 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La fórmula de aumento debía sostenerse hasta el 31 de diciembre de este año, de forma bimestral.
Entre sus fundamentos, el veto del presidente -que firmó el gabinete completo- considera que el proyecto de ley “no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”.
Y advierte que, en todo caso, “el financiamiento debe ser discutido al momento de sancionarse el Presupuesto Nacional”.
Por otro lado, recuerda el lema del Gobierno de “lograr el equilibrio fiscal” y alecciona: “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
Fundamentos del veto
Según los argumentos del presidente, el proyecto de ley es “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni la fuente de su financiamiento. Y cita la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que exige que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar”.
El presidente también justificó que el Poder Legislativo “debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable” y “no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas”.
El veto de Milei indica que la implementación de la ley demandaría aportes adicionales del Tesoro e implicaría incrementar el presupuesto vigente en unos $252.000 millones para gastos de funcionamiento y $811.000 millones para salarios, sin contar los aumentos que luego requeriría la actualización entre septiembre y diciembre.
El texto oficial reconoce que la recomposición salarial en las universidades sumó 87% entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, mientras que la inflación medida por el INDEC para ese período alcanza un 144%.
Aunque argumenta que el resto de los trabajadores estatales percibieron un incremento menor y la medida sancionada establecería “un privilegio” para el personal de las Universidades, por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo.
Finalmente, luego de recordar que el veto es un instrumento constitucional, concluye que corresponde “observar totalmente” el proyecto de ley y devolverlo al Congreso.
Qué fijaba la ley
La legislación ordenaba al Ejecutivo recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley (septiembre) según la inflación acumulada del período, y actualizarlos de forma mensual conforme a este índice de precios hasta el 31 de diciembre.
Esta fórmula no sería de aplicación siempre y cuando las paritarias del sector docente y no docente en 2024 fueran acordadas y rubricadas por el Ejecutivo y las federaciones que representan a los trabajadores de la educación superior y las escuelas pre universitarias.
Asimismo, se establecía que la Auditoría General de la Nación realizaría las auditorías correspondientes conforme a la Ley de Educación Superior, con informes al Congreso.
También se implementaba la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.
