Las universidades públicas de Argentina se pronunciaron ante lo que denunciaron como “difusión de una serie de mentiras” de parte del gobierno nacional en el marco de la disputa por el presupuesto para la educación superior, que esta semana escaló con la Marcha Federal del miércoles y el posterior veto del presidente Javier Milei que hizo caer la Ley de Financiamiento.
Todas las universidades públicas del país (incluida la UNER) compartieron un comunicado de rechazo a diversas afirmaciones del gobierno nacional utilizadas para fundamentar el veto. Las Casas de Altos Estudios tildaron de “falso” que las universidades “inventen estudiantes para cobrar más fondos”; es falso”, que “los pobres no estén en las universidades”; que “no se audite lo que las universidades gastan”, que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general y que la Ley de Financiamiento Universitario “atente contra el equilibrio fiscal”.
Respecto de la acusación oficial de que se inventan estudiantes para cobrar más fondos, aclararon que en Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes, sino que se tienen en cuenta componentes como salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
Ante el “mito” de que los pobres no están en las universidades, replicaron que el 48.5% de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 “están por debajo de la línea de pobreza” según datos del INDEC). “Casi siete de cada 10 alumnos de los dos millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior”, argumentaron.
El “Frente Universitario” negó, además, que no se audita lo que gastan. “Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10 % en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden”, explicaron.
Además, resaltaron que las universidades son las entidades del sector público “más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación)”. Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Y remarcaron que todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto.
Por otro lado, desmintieron que los salarios están por encima del sector público en general. “Los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado Nacional. Los salarios de más del 85% de los/as docentes de las Universidades Nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de las y los nodocentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores universitarios/as durante el 2024 fue de más del 30%”, precisaron.
Finalmente, cuestionaron que la Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal, ya que “representa apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los Bienes Personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos”, advirtieron. Por otro lado, consideron que ese 0,14% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado.
