Internos de la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná escribieron una “Carta Abierta” para hacer público su reclamo por mejores condiciones de encierro. Además, plantean en el texto la necesidad de cobrar más dinero por los trabajos que realizan. La misiva difundida a través de WhatsApp fue acompañada de un cacerolazo ejecutado este lunes a la noche por la gran mayoría de los 900 internos que tiene hoy el penal de hombres de la capital provincial. No se plegaron a la protesta los presos de las fuerzas de seguridad y los convictos por delitos de abuso sexual.
Según indica la carta, al igual que fuentes judiciales consultadas por Canal 9 Litoral, el conflicto surge a partir de una disposición que establece llevar adelante las visitas en una carpa/gazebo “para que los internos tengan un salón de visitas adicional dado que antes se hacían en un salón dispuesto en antiguos pabellones reformados para eso. El objetivo de la carpa era resolver cuestiones de espacio y dar mayor comodidad”, informaron las mismas fuentes.
Sin embargo, los internos sostienen que en la carpa hay baños químicos poco higiénicos, por la cantidad de personas que los usan, y molestan las altas temperaturas. Otro inconveniente que manifiestan es que la carpa tiene cámaras de seguridad y ellos “no quieren tener supervisión”, según pudo saber este medio.
Además, según pudimos conocer, molesta la ubicación de la carpa por estar cerca de otro pabellón y al lado de una cancha de fútbol, ya que al necesitar circulación de aire, se levantan las paredes del gazebo y quedan “expuestos” y fácilmente identificables los familiares de los internos.
La carta abierta indica que el malestar también se da por la calidad de la comida, la falta de medicamentos, de una buena atención médica y de elementos de limpieza. Pero quizás lo más llamativo es una acusación hacia las autoridades que indica: “Sólo están pensando en cómo desviar fondos del Estado, son ladrones de guantes blancos, están realizando construcciones dentro de la unidad con mano de obra de los internos a los que se les paga 500 pesos por mes, facturando con cada inauguración de obra millones de pesos para que los directores y oficiales del servicio construyan sus casas quintas, compren sus camionetas último modelo”.
“Anoche luego del cacerolazo hubo una reunión con delegados de los pabellones y los directivos de la Unidad Penal 1 y del Servicio Penitenciario para tratar el tema. Los internos manifestaron querer volver al expabellón 3 y no utilizar las carpas. Se está evaluando la posibilidad y se está trabajando sobre eso porque la infraestructura no es la adecuada”, manifestó una fuente policial.
Al ser consultado por la atención médica reclamada por los internos, la fuente indicó que no se hicieron peticiones al respecto. Y en cuanto al trabajo que brindan los convictos, dicha fuente afirmó que “es totalmente falso que un interno perciba 500 pesos” y añadió que “se están realizando numerosos convenios para que internos realicen trabajos fuera del ámbito penitenciario y hagan un aporte verdadero a la sociedad”.
Las autoridades del SPP afirman que el tema excluyente de la reunión fue “visitas”. Por ello se está estudiando las posibilitad en habilitar otro espacio apropiado, ya que la Unidad Penal 1 no cuenta con la infraestructura al efecto. “Hace más de 25 años que para nuestro Servicio Penitenciario no se hacen inversiones de impacto para equipamiento, seguridad, infraestructura, uniformes para personal, equipamientos para cocina”, se indicó.
“Esta gestión de gobierno es consciente y trabaja con los recursos que dispone, por ello nos otorgaron 40 vacantes para personal, que desde 2018 no se daban cupos, pese al incremento sustancial de detenidos”, explicaron desde el SPP.
Carta Abierta a Frigerio y Roncaglia
La misiva de los internos de la unidad penal N°1, por lejos la más poblada de la provincia, está dirigida al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
En el texto sostienen que “la Constitución Nacional Argentina establece que las personas privadas de su libertad deben ser tratadas con respeto y dignidad”, y agrega: “La Constitución Nacional también establece que las cárceles deben ser sanas y limpias”. Los presos aseguran que todo lo dicho en la Carta Magna no se respeta y las instalaciones están en un estado decadente.
Le exigen al ejecutivo provincial controlar los fondos destinados a las unidades penales y también cuestionan la transparencia del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Por otra parte, los internos señalan que “antes de la pandemia podíamos ver a nuestra familia (primos/as, tios/as, amigos/as) dos veces a la semana, en el patio de cada pabellón, pero llegó la pandemia y cambió el régimen de visitas cada 15 días en salones, solo la pareja y un familiar directo (padres y hermanos), cortando el vínculo con familiares y círculo de amistad”.
En ese sentido sostienen que “en la actualidad continuamos con la misma modalidad de pandemia”, y precisan: “Este año al S.P.E.R se les ocurrió alquilar una carpa y 12 baños químicos a la empresa Eventos Paraná con la que tienen convenio y muchos tipos de contratos con esta empresa, tanto en alquileres como contratos de internos a los que se les pagan sueldos muy bajos, aprovechando la situación de la persona privada de libertad”.
“Con la contratación de esta carpa de eventos, perjudica a nuestra familia porque las pocas horas que podemos estar las pasan súper mal, porque es insoportable el calor que hace dentro”, y añadió: “Con las altas temperaturas que se vienen en una carpa no se aguanta ni 30 minutos adentro que te sofocas, y los días de lluvia parece que se va a caer todo encima”.
Los internos afirman que se están realizando construcciones dentro de la unidad con mano de obra de los internos que “se le paga 500 pesos por mes, facturando con cada inauguración de obra millones de pesos para que los directores y oficiales del servicio construyan sus casas quintas, compren sus camionetas últimos modelos y viajen a las mejores playas…” etc”.
También los presos aseguraron que la aparatología de odontología está “toda sucia” y que los elementos están oxidados. También aseguran que sufren “malos tratos” por parte del odontólogo.
En la carta aseguran que la comida es de mala calidad. Y que el Servicio Penitenciario no quiere que el número de internos baje porque pierde dinero.
