El Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná dictó este viernes una sentencia histórica por el delito de Trata Laboral. En integración unipersonal, el juez Roberto López Arango, condenó al empresario de la ciudad de Rosario, José Abel Venturini, a ocho años de prisión efectiva por el delito de Trata laboral, por la explotación sufrida por dos trabajadores correntinos en la construcción de una guardería de lanchas en la ciudad de Victoria. Además el empresario nacido en Goya, Corrientes, deberá afrontar una indemnización de 9 millones de pesos.
En los alegatos, el fiscal general José Ignacio Candioti, había solicitado la pena y la multa que aplicó el juez López Arango. Ahora la defensa tiene 10 días para recurrir en Casación el fallo que de tomar firmeza será la pena más alta impuesta en Entre Ríos por el delito de Trata Laboral.
El juicio se inició a mediados de octubre, en el cual se ventiló el caso de explotación laboral que sucedió y se descubrió en el año 2019 en Victoria, donde dos jóvenes vivían en circunstancias esclavizantes.
Según la Ley 26.842 del Código Penal -sancionada en el 2008- este delito consiste en “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”, y comprende tanto a la explotación laboral y sexual como el tráfico de órganos, la adopción ilegal, entre otros.
Los datos oficiales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Nación en la mayoría de las sentencias (72%) los hechos analizados constituyeron casos de explotación sexual; seguida por supuestos de explotación laboral (25,9%).
El fiscal Candioti había pedido la pena de ocho años de cárcel para Venturini, un empresario náutico correntino, pero radicado hace años en Rosario.
A través de una de sus empresas, Centella Marine SRL, construía una guardería náutica en la zona del puerto de Victoria. También solicitó una indemnización millonaria para los trabajadores, al igual que también lo reclamó el defensor público oficial Mauricio Zambiazzo actuó en el juicio como representante de las víctimas, tal como lo prevé la legislación.
López Arango, además de la pena de prisión, impuso a Venturini la reparación económica de 9 millones de pesos por lucro cesante y daño moral.
