La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 15 en el Salón de los Pasos Perdidos para iniciar el tratamiento del pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, presentado por el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi.
El pedido tomó estado parlamentario en la sesión del 6 de noviembre. La comisión es presidida por Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) e integrada por Martín Gallay, Marcelo López, Susana Pérez, Elena Romero, Bruno Sarubi, Carolina Streitenberger y Érica Vázquez (JxER); Sergio Castrillón, Enrique Cresto, Yari Seyler, Laura Stratta y Andrea Zoff (PJ); Gladys Salinas (Conservador); y Roque Fleitas (Libertad Avanza).
La Cámara deberá votar si abre el juicio político. Por Constitución, es la cámara que oficia de fiscal o acusadora en estos procesos, mientras que el Senado es el que juzga. Sólo el gobernador, el vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo y los miembros del Superior Tribunal de Justicia pueden ser removidos por juicio político.
Schumacher fue designada formalmente como vocal del STJ en 2022. Previamente, había ejercido como jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná.
Rossi presentó el pedido de Juicio Político luego del cambio de postura de Schumacher en el tratamiento de la ejecución de pena contra el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción. Acusa a la vocal de “mal desempeño en sus funciones, debido a un cambio arbitrario e injustificado de postura en dos fallos judiciales recientes, que afecta gravemente los principios de seguridad jurídica y debido proceso”.
Rossi le atribuye haber cambiado su postura “de manera repentina, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad y consistencia judicial”.
El caso que disparó la acusación
El pedido se funda, primero, en el fallo del 17 de abril pasado, en el que Schumacher votó a favor de rechazar el recurso de queja interpuesto por las defensas de Sergio Urribarri y otros imputados, en la causa por la que fue condenado, para evitar cumplir la pena en prisión efectiva.
“Schumacher sostuvo que no existían elementos que justificaran la admisión del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ya que los agravios planteados por las defensas habían sido tratados y resueltos en instancias anteriores”, recordó Rossi en el documento.
Pero advierte que, seis meses después, en fallo del 22 de octubre reciente, la misma jueza “emitió un voto a favor de conceder el recurso extraordinario federal, permitiendo la intervención de la Corte Suprema. En esta ocasión, argumentó que existían posibles violaciones al debido proceso y vicios de arbitrariedad que ameritaban la revisión del caso por el máximo tribunal”, explicó el intendente peronista.
“Este cambio de postura entre ambos fallos, sin que existan razones nuevas que lo justifiquen, carece de una fundamentación sólida y razonada, lo que afecta gravemente la coherencia y previsibilidad que debe tener el accionar judicial”, entiende Rossi en el pedido.
Y agrega que “la falta de explicaciones claras para este viraje en su criterio genera incertidumbre y vulnera el derecho al debido proceso, perjudicando la confianza pública en la imparcialidad del Poder Judicial”.
