El ex kiosquero acusado en la investigada “mesa de dinero” que funcionaba hasta hace días en Paraná, Matías Santa María, se entregó finalmente este viernes en el Ministerio Público Fiscal, fue imputado por los delitos de estafa y asociación ilícita y quedó momentáneamente detenido en la Alcaidía Contravencional ubicada al lado de la comisaría Quinta de la ciudad.
El fiscal Santiago Alfieri recibió este viernes cerca de las 8.30 a Santa María en el edificio de calle Santa Fe y Laprida para tomarle su declaración indagatoria, pero el acusado, patrocinado por el abogado Pedro Fontanetto, se abstuvo de declarar. El defensor justificó que su cliente se mantuvo oculto de la Justicia durante días porque “estaba muy atemorizado por las amenazas que recibió”.
Alfieri imputó a Santa María los delitos de asociación ilícita y estafa, al igual que a los otros implicados en la causa: Andrés Gamarci y Cristian Vital. De ellos, Gamarci ya se puso a disposición de la Justicia y habría prestado colaboración con la investigación. Vital aún no compareció pero sí designó hizo su abogado defensor.
Luego de ser identificado en Fiscalía, Santa María fue llevado esposado a la comisaría del barrio La Floresta. Según indicaron fuentes judiciales a AHORA, el traslado se resolvió ya que la Alcaidía de Tribunales estaba repleta de detenidos y sin capacidad para alojarlo. En la dependencia policial, en tanto, no brindaron detalles sobre las condiciones o la duración de su detención en los calabozos de calle Ameghino.
Imputación formal
Según registró Análisis, el expediente a cargo del fiscal Alfieri abrió la investigación penal para determinar “si Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María y Cristian Vital mantuvieron cuanto menos desde hace 5 años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré”.
De esta manera, habrían logrado “con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren (…) engañando a los aportantes”.
Los presuntos estafadores exhibían una “apariencia de solvencia” pero “se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024”, supone la Fiscalía.
La imputación formal sostiene que a partir de ese momento comenzaron a “eludir pagos y evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital”.
El perjuicio que generaron, según el expediente, ascendería a “cientos de miles de dolares a los damnificados”, de los que hay 13 enumerados. Según trascendió extraoficialmente en los últimos días, la cantidad de estafados superaría las 30 personas.
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Allanamiento a un corralón
La División Delitos Económicos de la Policía realizó este jueves el octavo allanamiento en el marco de esta causa. Fue en el corralón Almafuerte de Paraná, por las transacciones realizadas entre esta empresa y San Mar SAS, la financiera de Santa María.
En el procedimiento los efectivos secuestraron documentación para establecer la relación entre el titular del corralón, de la firma JIFA SAS, propiedad de Andrés Ferreyra, y las tres sociedades de Matías Santa María: San Mar, SM Electro y SM Bienes Raíces.
Ferreyra puso a disposición documentación, específicamente contratos de mutuos entre él y las mencionadas sociedades. Luego de evaluar toda la información, se establecerá si este empresario es partícipe o damnificado de las maniobras de Santa María.
