Tan solo unas horas antes de recibir a la cúpula de la CGT y en medio de la expectativa por una nueva marcha universitaria y un paro de transporte, el Gobierno mantuvo este lunes su habitual reunión con los diputados aliados, aunque no conversaron sobre esos temas, sino exclusivamente sobre la agenda legislativa.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae algunos de los protagonistas del encuentro, durante el cónclave se dialogó sobre el avance de la iniciativa para privatizar Aerolíneas Argentinas, la revisión final de la Boleta Única y un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio.
“Las autoridades nacionales tienen su propia agenda, que le corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que planteamos, y el debate que damos desde el primer día, cuando se armó esta mesa de coordinación, es hablar sobre todas aquellas cosas que tienen que ver con el Parlamento. Nosotros queremos estar en la mesa de decisión de esos temas”, explicó Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja.
El legislador estuvo acompañado de sus compañeras de bloque Silvia Lospennato y Silvana Giudici, y por su par del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago. Por el lado de La Libertad Avanza, estuvieron su líder en el recinto, Gabriel Bornoroni, y Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Nadia Marquez.
Por parte del Gobierno, en tanto, estuvieron los vicejefes de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, y del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
A la reunión, Zago fue con su compañero de espacio Eduardo Falcone, con quien presentó un proyecto para la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que las autoridades nacionales prometieron que van a acompañar y que se impulsaría en los próximos días.
La iniciativa, a la que accedió este medio, establece derogar los “privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina”, quienes pasaría entonces a sumarse al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como el resto de los trabajadores.
La medida aclara que, no obstante, “a partir del cese en sus funciones el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato”, la cual “será equivalente al 80% de la remuneración” de un jefe de Estado en ejercicio.
La decisión, si es aprobada por el Congreso, afectará solamente a los funcionarios que siguen en actividad, ya que, dado el principio de irretroactividad, no se podrá quitar el beneficio a aquellos que ya lo estén cobrando, aunque uno de los artículos plantea que el Poder Ejecutivo los invite “a renunciar a los privilegios”.
Asimismo, el proyecto indica que, “dentro de los 60 días de promulgada la presente Ley, el PEN publique en el sitio Argentina.gob.ar la nómina actualizada de los ex funcionarios que han accedido a lo previsto en el inciso a) y el listado de quienes no lo hayan hecho y elijan continuar gozando de los privilegios previsionales”.
