La diputada provincial Gabriela Lena presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia en materia cultural-lingüística de los idiomas originarios Chaná y Charrúa, con la finalidad de resguardar estas lenguas como así también su cultura en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.
La iniciativa determina como Autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo o el órgano que los sustituya, junto con el Consejo General de Educación para planificar los distintos aspectos correspondientes y desarrollar políticas públicas interinstitucionales para rescatar, documentar, digitalizar, editar, enseñar y difundir los idiomas originarios.
Refiere además que podrán firmar convenios con organismos internacionales, universidades, CONICET e Instituciones especializadas, y también deberán proponer la conformación de un “gabinete transdisciplinario constituido por antropólogos culturales y sociales, sociólogos, etnógrafos, historiadores, lingüistas, profesores, escritores, maestros, a los efectos de actuar en forma inmediata, concurrente y coordinada en las tareas de investigación con rigor científico, que permitan el rescate, sistematización y documentación de las lenguas aludidas”.
Contempla en otro aspecto la difusión por medios de comunicación, de micros o programas en horarios centrales, en los que se difundan estas lenguas.
En otro artículo, faculta a la Editorial de la Provincia de Entre Ríos junto a la Imprenta Oficial para que procedan a la impresión de dos mil ejemplares de libros y soporte digital que difundan los idiomas aludidos. Se recabará de los autores la autorización conforme a ley. Si existen, se procederá a su reimpresión, y se repartirán en las escuelas de la provincia.
También instruye al Consejo General de Educación a otorgar puntaje calificado a aquellos docentes que realicen cursos de perfeccionamiento en las lenguas charrúa y chana y posteriormente plasmen en los educandos sus conocimientos a través de talleres y/o clases magistrales de enseñanzas de la lengua en los establecimientos públicos y privados de enseñanza primaria, media y terciaria, como así también extensiones universitarias y Asociaciones.
Finalmente, en el último artículo de fondo, se faculta al Ministerio de Economía a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en el marco de la emergencia declarada.
