Un decreto provincial dispuso la aplicación de la pena máxima a los conductores que se nieguen a realizarse el test de alcoholemia, más la inhabilitación para manejar por un plazo de entre uno y dos años. También será retenido el vehículo y la licencia.
La negativa será sancionada con multas de entre 500 a 1.000 unidades fijas, lo que equivaldría hoy en día a entre 500 mil y 1 millón de pesos.
La decisión se adoptó luego que desde la Policía de Entre Ríos se advirtiera a las autoridades del Poder Ejecutivo que son usuales los casos de conductores que se niegan a realizarse la prueba en los diversos operativos de control, especialmente en los puestos camineros.
“Hay una reglamentación nueva que respalda lo que se venía trabajando anteriormente”, indicaron desde la Policía en el puesto caminero del Túnel Subfluvial.
“La persona que se niega se la toma como positivo de alcoholemia, y esto lleva una pena de 500 a 1000 unidades fijas”, precisaron en diálogo con AHORA, agregando luego: “Se recomienda que colaboren con el procedimiento, y tal vez sean sancionado con menor valor”.
