La visita de un grupo de diputados oficialistas al Penal de Ezeiza trajo fuertes consecuencias políticas para el Gobierno, que esta semana sufrió la salida de la diputada Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza y ahora debe seguir de cerca la investigación al respecto que se realiza en el propio Congreso.
Más allá de la visita institucional a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, que ya de por sí es un hecho de gravedad inédita en los últimos cuarenta años, el episodio reveló un plan para favorecer a militares y civiles presos por delitos tales como robo de bebés, desapariciones forzadas, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y asesinatos.
El hecho tuvo como protagonista a Beltrán Benedit, el único diputado entrerriano de La Libertad Avanza, señalado como el organizador de la visita y presunto impulsor, además, de la iniciativa que buscaría beneficiar a los represores. ¿Qué se sabe hasta el momento de este proyecto y en qué podría beneficiar a los genocidas? Proponemos reconstruir, como muestra representativa, cuál es la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos y bajo qué modalidad cumplen su pena. Los datos duros servirán para matizar o contrarrestar algunas de las afirmaciones de quienes promueven estas iniciativas.
“Plazo razonable”
Antes de su salida del bloque oficialista, la diputada Arrieta reveló chats que involucran al grupo que realizó la excursión oficial a la cárcel, donde circuló un borrador al respecto.
El texto se refiere los plazos “razonables” para la extinción de la acción penal, uno de los pilares de la estrategia de abogados de represores junto al reclamo por un otorgamiento compulsivo de prisiones domiciliarias, algo que, como veremos más adelante en el caso entrerriano, se da ya bajo los parámetros legales.
“Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal“, señala el primer artículo de este borrador de decreto.
Lo que se buscaría es la extinción por insubsistencia de la acción. Está a su vez el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable”, que también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Sin embargo, el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25.
La otra visita de Benedit
En los chats filtrados por Arrieta se conoció que la diputada Alida Ferreyra y el legislador por nuestra provincia ya habían visitado la cárcel de Campo de Mayo, otro de los penales con presencia de represores, durante marzo.
El contexto del chat es un pedido expreso del Poder Ejecutivo de no publicar un comunicado aclarando lo sucedido. Posteriormente se filtró la visita a Ezeiza y desde entonces comenzó el conflicto reseñado más arriba. Las dos visitas conocidas hasta ahora, sumadas a los proyectos que trascendieron, demuestran la existencia de un plan que estaba en la agenda de al menos un sector del oficialismo.
Represores condenados en Entre Ríos
Desde 2011, cuando se desarrolló el juicio oral por la Causa Hospital Militar, primero en la provincia, en Entre Ríos hubo 13 sentencias en causas por delitos de lesa humanidad, y “pocas son las que se encuentran con sentencia firme”, según un informe del área de Asesoría Legal de Registro Único de la Verdad (RUV) al que accedió AHORA.
La situación de los condenados en este tipo de juicios sirve para dar una muestra del panorama y contrarresta muchas de las definiciones y reclamos al respecto: de 29 condenados, actualmente tan sólo tres cumplen sus penas en cárceles. El resto lo hace bajo la modalidad domiciliaria o lo hicieron hasta su fallecimiento (es el caso del militar Naldo Dasso y del médico Juan Zaccaría, condenado este último en la causa Hospital Militar, que investigó el funcionamiento de una maternidad clandestina en Paraná). Hugo Mario Moyano cumplió ya su condena, gozando del beneficio de la prisión domiciliaria en varios tramos de su detención.
Quienes permanecen en unidades penales entrerrianas, de acuerdo al citado informe, son Carlos Carballo y Oscar Ramón Obaid, mientras que el rosarino Juan Daniel Amelong lo hace fuera de la provincia. Se trata este último del represor por el cual reclamó la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, en el debate televisivo entre candidatos a vicepresidente del año pasado. Amelong fue encontrado responsable del robo de los mellizos Valenzuela Negro, nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná durante febrero o marzo de 1978. Sabrina Gullino Valenzuela Negro recuperó su identidad en 2008 y desde entonces busca incansablemente a su hermano mellizo, sobre cuyo posible paradero los represores nunca aportaron ningún dato.
Cabe destacar que cuatro procesados, además, fueron absueltos durante los juicios en Entre Ríos.
El bajísimo número de condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen su pena en cárceles demuestra que, cuando cumplen las condiciones, la Justicia les otorga los mismos beneficios contemplados para cualquier detenido. Además, al haber transcurrido más de cuatro décadas de los hechos investigados, la mayoría de ellos supera la edad estipulada para solicitar prisión domiciliaria.
