La fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, imputó al sindicalista de la fruta de Concordia, Alcides Camejo, junto a otras personas vinculadas a él, por presunta “defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito”.
La investigación se inició el 18 de agosto de 2021, a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos por presuntas maniobras delictivas desplegadas por las personas identificadas como: Walter Rodrigo Monzón, Domingo Alcides Camejo, Carlos Alberto Díaz, Luis Alberto Villalba, Verónica Gabriela Mariani, Gerardo Adrián Monzón, Natalia Alejandra Rios, Marisa Eugenia Santin, Estela Susana Orcellet y Carlos Alberto Rubén Monzón.
La imputación explica que se detectó una serie de posibles hechos de criminalidad económica con el presunto desvío de fondos pertenecientes al Sindicato Obrero de la Fruta (SOF) y a la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF) entre enero de 2014 y agosto de 2017.
Según recordó El Entre Ríos, mientras se perpetraban los desvíos de fondos investigados por la Justicia Federal muchos trabajadores de la fruta padecían la falta de cobertura de la obra social.
La fiscalía de Minatta efectuó un seguimiento de todos los movimientos económicos de las personas ahora imputadas, donde surgen extensos listados de cheques que acreditarían la operatoria con la cual se apropiaban de los fondos que originariamente pertenecían al Sindicato y a la obra social. También agrega una catarata de datos sobre el modo en que los fondos desviados eran convertidos en “activos”, especialmente vehículos.
En el caso de Camejoel informe de la fiscal traza un perfil patrimonial, de ingresos y tributario, que “no permiten justificar los siguientes activos, operaciones bancarias y gastos”, advierte Minatta. Incluye un Audi A5 valuado en $480.000 en 2011, un inmueble de ocho hectáreas en Colonia Adela, próxima a Concordia de $390.000 (USD94.089 al tipo de cambio del Banco Nación).
Hay 140 acreditaciones de cheques por $5.353.458,28 entre 2011 y 2021 detectadas en cuentas en bancos Nación, Santander y BBVA que constituyen depósitos de valores, los cuales no se ajustan al perfil laboral de un empleado de empresa o directivo de sindicato u obra social.
Además, se registraron 20 depósitos en efectivo por $468.900 en caja de ahorro y cuenta corriente y 170 extracciones en efectivo por $9.479.228 de las cuentas de Camejo los bancos.
Además, según la Dirección Nacional de Migraciones, Camejo registra 28 cruces fronterizos en el período 2008-2020 entre Argentina, Uruguay, Brasil, España y Paraguay.
Otro de los imputados, Walter Rodrigo Monzón, según la Fiscalía, no alcanza a justificar con su trabajo en relación de dependencia en Argencitrus S.A., Sindicato de Obreros de la Fruta y OSPAF (Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola) la adquisición de siete rodados por $2.126.300 al momento de la compra y la acreditación de unos $22 millones en cuentas de bancos entre 2015 y 2021.
Minatta advierte “un claro accionar delictivo de las personas investigadas, que involucra, por un lado, presuntas maniobras de desvío de fondos del sindicato y la obra social y, por el otro, la posible puesta en circulación de dichos activos en el mercado formal con el objeto otorgarles una apariencia lícita”.
La Fiscal mandó notificaciones a los imputados para que designen abogados defensores y solicitó al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que decrete la incompetencia parcial para investigar el delito de defraudación por administración fraudulenta, que se envíe el expediente a la justicia ordinaria provincial y que se cite a los imputados a prestar declaración indagatoria.
