Según reporta el Observatorio Vial en el Informe de Siniestralidad Vial Fatal de 2023, se registraron 3675 siniestros fatales en toda la Argentina que se cobraron la vida de 4403 personas. Según estimaciones, eso equivaldría a 12 muertes por día a causa de accidentes de tránsito. El sistema actual, explica Patricia Vásquez, diputada nacional por el Pro, “no ha logrado un cambio que disminuya esa siniestralidad vial ni las muertes por esta causa”, motivo por el cual se presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial.
En el texto que ya fue enviado a la Cámara Baja se evidencian varios cambios a la Ley Nacional de Tránsito, la cual obtendría, a partir de la eventual sanción de esta iniciativa, carácter de orden público y aplicación nacional. El objetivo, le explicó Vásquez a La Nación, es “mantener la unidad en los términos de la ley” y evitar las excepcionalidades jurisdiccionales.
El proyecto prevé también la declaración de nulidad a “las infracciones que sean detectadas a través de un sistema automático de control cuando no se encuentre debidamente señalizado y/o el acta no contenga todos los datos específicos de la infracción registrada”. Además, lo que se busca es cambiar el funcionamiento de las foto multas.
“Tienen que ser un medio secundario y auxiliar, como debió ser siempre en el sistema central de control presencial de las policías camineras y autoridades. Son recaudatorias, porque un sistema electrónico que controla y capta una falta, te la envía dos meses después y se paga dos años después, no [busca que] no se cometa nuevamente esa falta”, explicó Vásquez, quien añadió que ese lineamiento únicamente busca “más cámaras y más recaudación que se la quedan las universidades, Cecaitra [Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina] y los municipios”.
Y es en ese sentido que, por otro lado, se pretende que los fondos recaudados sean unificados en un Fondo Nacional de Infracciones “constituido por el 100% de lo recaudado por las infracciones realizadas en todo el territorio nacional” y cuyo dinero sería destinado a la “educación vial; mejora y reparación de rutas, caminos y accesos a las zonas urbanas y a la prevención, atención y respuesta ante colisiones de tránsito así como a la asistencia a víctimas”.
