El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos se posicionó en contra del proyecto de ley enviado por el gobierno nacional para habilitar el divorcio en sedes administrativas. El argumento de la Casa Rosada es la apertura de una alternativa más ágil y económica para los implicados en la disolución, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo.
“El divorcio implica la disolución de un vínculo familiar y patrimonial que tiene trascendentes efectos para los cónyuges, sus hijos y terceros, por lo que exige siempre la intervención de los profesionales del derecho para asistirlos y de los órganos del Poder Judicial para asegurar su imparcialidad en su consideración y decisión”, indicaron desde el Colegio.
A través de un comunicado emitido en las redes de la entidad y donde exhortaron a los legisladores a no acompañar la iniciativa, los letrados resaltaron además que el proyecto “atenta contra la seguridad jurídica y reduce las garantías fundamentales del debido proceso”. Y aclararon: “Buscamos el resguardo y protección de los derechos de las personas que pueden verse afectadas por la supresión de las instancias donde se garantiza la seguridad, certeza e imparcialidad de las modificaciones de sus estados personales o patrimoniales en el ámbito jurídico”.
