A través de la Resolución N°206/24, el Consejo Superior de Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) declaró el estado de emergencia salarial en el ámbito de la casa de estudios, de acuerdo a “los términos que surgen de la nota” que las entidades gremiales presentaron en forma conjunta el 23 de agosto.
En ese texto, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y la Asociación del Personal no Docente de la UNER (Apuner) expresaron su “profunda preocupación sobre la crisis salarial que afecta a trabajadoras y trabajadores del sistema universitario argentino, que atenta contra el empleo de calidad y el pleno desarrollo institucional”.
Tras advertir que “los sueldos perdieron aproximadamente el 50% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023”, remarcaron que “tal como ocurre a nivel nacional, los claustros Docente y Nodocente de la UNER somos la variable de ajuste en el marco de una política de desfinanciamiento de la educación pública superior”.
“Lo hemos dicho con absoluta claridad, del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las distintas disciplinas”, expusieron las entidades.
Apuntaron también que “a este crítico escenario se suma la situación de la docencia de los colegios preuniversitarios del sistema, que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fonid”.
“Entendemos que un Estado que destrata a sus trabajadores y trabajadoras con sueldos por debajo de la línea de pobreza busca vaciar la Universidad Pública de sus mejores profesionales, además de socavar la legitimidad social en torno a las funciones esenciales que desempeña: académica, investigación y de extensión”, señalaron.
Por último, reiteraron el reclamo por una “recomposición salarial urgente a través de paritarias libres, que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen”.
El Consejo Superior de UNER –que acordó en todos sus términos lo expuesto por los sindicatos– ya había expresado su preocupación ante “la situación presupuestaria por la que atraviesa el Sistema Universitario Público, la cual ha generado una constante pérdida de poder adquisitivo en los salarios de sus trabajadores”.
