Los jueces Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón decidieron, por mayoría, extender la libertad del ex gobernador Sergio Urribarri, el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el cuñado del ex mandatario provincial, Juan Pablo Aguilera. Condenados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública, se mantendrán fuera de la cárcel pero deberán cumplir restricciones.
Tendrán que fijar un domicilio, presentarse una vez por semana en la Fiscalía, no salir de la ciudad donde residan y entregar sus pasaportes. Además se fijó una caución de 20 millones de pesos para cada uno.
Los tres recibieron condenas de entre seis años y medio y ocho años de prisión efectiva en sentencias de 2022. Las penas fueron luego ratificadas en 2023 por la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, Urribarri y Báez presentaron recursos de queja para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver todavía la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Esta resolución pendiente fue el criterio central para la decisión que comunicó este jueves por la mañana el Tribunal. Castagno y Vergara coincidieron en que las sentencias no están todavía firmes y que no corresponde la prisión preventiva. “La condena no es ejecutable hasta que se agotan los recursos extraordinarios federales”, concluyó la jueza.
Garzón, en cambio, manifestó su disidencia, al entender que existe real peligro de fuga. Por esto se aplicaron las restricciones.
En el caso del ex ministro Baéz, su Defensa no presentó el recurso para ir a la Corte, pero los jueces del Tribunal consideraron que si se habilita la vía para Urribarri y Aguilera también corresponderá para el ex ministro.
Urribarri, Báez y Aguilera fueron condenados, entre otras personas que fueron funcionarios y allegados de sus entornos, al haber sido encontrados culpables, sintéticamente, por desviar fondos públicos para su beneficio personal.
En particular, el “megajuicio” constató diversos mecanismos. El financiamiento con dinero del Estado provincial a la precandidatura presidencial de Urribarri entre 2014 y 2015 quedó expuesto con el montaje del recordado “parador” de Entre Ríos en Mar del Plata y con la publicación de algunas solicitadas en diarios nacionales, con el pretexto de la denuncia del entonces conflicto de la Argentina con los “fondos buitre” por la deuda externa.
Entre otros casos, yambién se detectó la malversación de fondos en favor de las imprentas que gerenciaba el cuñado Aguilera para la publicidad oficial en cartelería en la vía pública.
