Tras un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, el Senado consiguió una mayoría para avanzar con el dictamen la sanción de una ley de financiamiento para la universidad pública. La oposición anticipa la posibilidad de un nuevo veto presidencial, mientras trabaja en la Cámara baja para revertir la reforma jubilatoria.
El proyecto pretende fortalecer -hasta el 31 de diciembre- el presupuesto educativo para salarios docente y no docente, gastos de funcionamiento e investigación y sostenimiento de infraestructura universitaria, además de establecer una actualización anual del monto y de becas estudiantiles. La Oficina del Presupuesto del Congreso estimó el costo del impacto fiscal del proyecto en el 0,14% del PBI, cifra que fue discutida por el Ministerio de Capital Humano. Los fondos para el próximo año deberán discutirse durante el debate por el Presupuesto 2025.
“No es un proyecto ideal, pero es un acuerdo para evitar el quiebre del sistema universitario argentino“, entendió el senador Wado de Pedro (Unión por la Patria), titular de la Comisión de Educación y Cultura. La intención opositora es obtener un rápido dictamen y empujar el tratamiento de la ley -que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados- para que se vote este mismo jueves en el Senado.
Por parte del Gobierno, se expresó Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Nosotros venimos desde el Gobierno apoyando y levantando la educación. Hemos aumentado, en su momento, el 70% el presupuesto de la educación que venía atrasado desde el 2022. Esto no se reclamaba, se empezó a reclamar y lo entendimos razonable”, dijo, en referencia a la Marcha Universitaria del 24 de abril. “Tenemos que cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos”, justificó la postura del oficialismo de sostener el actual sistema de financiamiento.
