Silvia D’Agostino, presidenta de la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (ACLER) dialogó con Canal 9 Litoral y detalló el delicado contexto que atraviesan esas entidades de salud en la actualidad.
“Es una situación disímil, pero hay un temor del conflicto que se está planteando. Que no es nuevo, que viene de años. Durante 21 años hubo emergencia sanitaria, con lo cual desde 2002 hasta 2023 la AFIP no podía embargar las cuentas. Luego, con la pandemia, nos dieron un subsidio al empleo y rebajas en el Impuesto al Cheque. Pero en diciembre se terminó la ayuda, volvieron impuestos a su valor original y hubo una megadevaluación“, indicó D’Agostino. Y agregó: “Consencuencia de ello todo se encareció en un valor en dólares que cada uno lo puso como quiso”.
La dirigente agregó que, además, los plazos financiados se han estirado al punto tal de no poder comprar elementos: “Nosotros hacemos estudios de costos y se lo llevamos a las obras sociales, donde nos indican que pueden pagar menos”.
“Lo primero que hay que reconocer es que hay un problema, a nivel nacional y provincial. Sobre todos con sanatorios y clínicas del interior, que trabajan con seguridad social, como PAMI y obras sociales sindicales. Acá las prepagas son el 5%. Nosotros no podemos ponerle precio a nada, termina siendo el financiador el que lo hace. Además no se nos reconoce como sector, nos cobran impuestos como cualquier comercio que abre y cierra cuando quiere”, finalizó D’Agostino.
