La violencia económica, dentro de un contexto de violencia de género, consiste en controlar el acceso de las mujeres a los recursos económicos, disminuyendo su capacidad para mantenerse a sí misma, a su descendencia y sus hábitos de vida, dependiendo financieramente del perpetrador y minando de esta forma sus posibilidades de escapar del círculo de abuso.

En efecto, cuando hablamos de violencia económica, nos referimos a la definición que emana de la Ley de Protección Integral de las mujeres, Ley 26.485, sancionada en marzo de 2009.

En el tenor de esta ley se define a la “violencia contra las mujeres” como “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. (art. 4 ley cit.)

Al definir los tipos de violencia (art. 5 ley cit.), la ley tipifica la violencia económica en su inciso 4, como “Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagró “el principio de la no discriminación” y proclamó la igualdad ante la ley de todas las personas, pregonando que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo. A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados partes a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de sexo, entre otros (art. 1º), replicando el principio de igualdad de protección ante la ley en su art. 24.

A ello cabe abundar lo normado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Arts. 75, incs. 22 y 23, CN.; 7°, Inc. g), el art. 1º de esta Convención establece que la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

El abuso económico es difícil de identificar porque es invisible y sutil.

En el fuero civil dicha pretensión puede tener la forma de división de un condominio o la devolución del aporte que se constituyó una unión convivencial, antes llamada “Sociedad de hecho”.

En materia probatoria consideramos que, una vez incorporados al proceso los medios de prueba aportados por las partes, jugarán aquí un papel trascendente los llamados indicios.

Y esto es así en atención a lo dificultoso que puede resultar para la víctima aportar probanzas que de manera concluyente acrediten una problemática tan silente, quizá añosa, tribulación que no se ve reflejada en forma documental y menos aún pericial (cfr. art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As y su par nacional, art. 377).

También el trámite procesal civil limita la prueba testimonial ya que el art. 425 del Código Procesal local excluye a los consanguíneos o afines en línea directa, siendo éstos quienes se encuentran posibilitados de relatar esa situación intrafamiliar subyacente.

Agregamos que el actual artículo 711 del Código Civil y Comercial establece que, los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Y que, según las circunstancias, quienes integran la Magistratura están facultadas para no admitir la declaración de personas menores de edad, o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. Y si bien esta última norma se encuentra en el Libro Segundo del digesto, destinado a regular las relaciones de familia, advertimos que colisiona con las normas procesales locales.

En ese punto destacamos y festejamos que el Anteproyecto de reforma a la ley procesal de la provincia de Buenos Aires (art. 455 del Anteproyecto de 2021) ha eliminado esa barrera, como así también en el orden Nacional (art. 250 del Proyecto 2019).

Si bien cada “caso” es un universo (Cfr. art. 1 Código Civil y Comercial) entendemos que aquellas presunciones son trascendentes, sin perjuicio de la posibilidad de invertir la carga de la prueba conforme el mecanismo previsto por el art. 1735 del Código Civil y Comercial, frente a la insuficiencia probatoria.

Al respecto, la CSJN en un caso de discriminación por vía de Amparo –anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial -, concluyó que debía invertirse la carga de la prueba, quedando a cargo del demandado. Cfr. autos “S., M. G. Y OTROS C/ TALDELVA SRL Y OTROS S/ AMPARO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (20/05/2014).

En suma, concluimos que con el objetivo de acreditar frente al caso concreto la violencia económica contra las mujeres, las operadoras y los operadores jurídicos debemos continuar trabajando en el análisis de los institutos procesales locales frente al mandato fondal del Código Civil y Comercial que, según la incumbencia de cada fuero, importen un valladar para lograr un pronunciamiento justo y con perspectiva de género.

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