El año próximo se cumplirá una década de la reforma de la Constitución Provincial, que logró dotar a Entre Ríos de una Carta Magna moderna, capaz de sintetizar los derechos y garantías de la ciudadanía y proyectando a su vez un modelo de provincia. De ese texto, sin embargo, aún quedan pendientes la reglamentación de varios órganos que no encontraron el consenso político necesario para efectivizarse. Lo inmediato, como suele suceder, estuvo por encima de las necesidades de mediano y largo plazo.

Durante el acto de jura de los miembros del Consejo de la Magistratura que tuvo lugar en agosto del año pasado, el gobernador Gustavo Bordet había dicho que en su gestión quería poner en vigencia todas las instituciones que todavía faltan instrumentar desde la reforma constitucional de 2008. En esa oportunidad destacó que se había comenzado con algunas, como la reglamentación de la Ley de Comunas, y aseguró que después se avanzaría con la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Respecto a esta primera normativa el mandatario cumplió: tras varios meses de trabajo, finalmente hace pocas semanas ingresó a la Legislatura, razón por la cual en poco tiempo podría ser aprobada. De la segunda, en cambio, por el momento no hay novedades.

La creación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia está prevista en los artículos 215, 216 y 217 de la Constitución Provincial. De acuerdo a ese texto, se trata de “un órgano unipersonal e independiente”, cuya misión “es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en el ordenamiento jurídico, frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública y de prestadores de servicios públicos o privados contratados por el Estado”.

Estos últimos dos años las Defensorías del Pueblo de todo el país cobraron una importancia especial, debido a la importante cantidad de conflictos suscitados alrededor de las subas de tarifas, recortes y el avasallamiento de determinados derechos. Tras un 2016 donde la novedad fueron las audiencias públicas por aumentos en luz y gas, en 2017 la quita de pensiones por invalidez motivó el desarrollo de nuevas instancias de diálogo y defensa del derecho vulnerado. En ambas oportunidades los ombudsman, como se los llama en el lenguaje nórdico que dio origen a la figura, tuvieron un rol protagónico, mediando entre la ciudadanía, el Estado y las empresas.

Ante la ausencia de una Defensoría del Pueblo de Entre Ríos fue la Defensoría del Pueblo de Paraná quien asumió ese rol. A pesar de la gran voluntad y predisposición de sus miembros, particularmente del defensor Luis Garay y el adjunto Pablo Donadío, el órgano de la capital entrerriana presentó evidentes limitaciones, propias de su naturaleza. "Es el momento oportuno, porque hay cuestiones realmente importantes, en materia de salud sobre todo. Nosotros recibimos reclamos de Victoria, Villaguay, La Paz, Chajarí, y no tenemos competencia para acompañarlos. Por supuesto que asesoramos igual. Pero entendemos que una Defensoría fuerte sería un gran avance para la democracia entrerriana. Le permitiría al mismo gobierno, si hay errores que corregir, hacerlo sobre la marcha", opina al respecto Garay.

Son los legisladores, sobre todo, quienes deben encontrar los consensos necesarios para avanzar en este sentido. Las dos cámaras provinciales tuvieron un buen 2016, debido la existencia de una oposición fuerte y de un oficialismo interesado en encontrar respaldos, más allá de su propia mayoría. Esa situación dotó a la Legislatura de una dinámica que no se había visto en los últimos años. En el corriente período la situación cambió: se ralentizaron algunos debates y el número de sesiones en Diputados se redujo drásticamente. Varias razones, que no vienen al caso, sumadas a una campaña electoral que tiene como protagonistas a un número no despreciable de legisladores provinciales, volvieron a quitarle espesura y periodicidad a los debates.

“El nuestro no es sólo un órgano de control, como muchos creen, sino que también acompañamos a los ciudadanos. Y hay temas concretos a nivel nacional, provincial y municipal. Los ciudadanos hacen la Defensoría. Nosotros aspiramos a que ese acompañamiento se institucionalice”, agrega Garay.

A pesar de que la existencia de órganos de control fuertes y autónomos pueden tornarse incómodos para los gobiernos, la designación de un Defensor del Pueblo de la Provincia significaría un importante salto de calidad institucional que, incluso, podría aportarle al Ejecutivo soluciones para destrabar conflictos. Es hora de proponerse entre todos los actores políticos el cumplimiento de este mandato de la Constitución.

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