La Cámara de Diputados de Entre Ríos tratará en recinto este miércoles desde las 11 el proyecto de ley denominado Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, basado en la iniciativa que impulsó en 2022 el gobierno de Gustavo Bordet pero que recibió abundantes modificaciones en el actual período de gobierno de Rogelio Frigerio, con el legislador socialista oficialista Juan Manuel Rossi coordinando la discusión en la comisión de Ambiente.
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El proyecto introduce tres zonas para la regulación de fumigaciones: una de Exclusión, una de Amortiguamiento y una especial para Escuelas. A su vez, las dos primeras se subdividen en “áreas sensibles”: con y sin asentamiento de personas.
En las zonas de exclusión habría restricción absoluta para aplicaciones en las “áreas sensibles con asentamientos de personas” a menos de 10 metros para aplicaciones terrestres manuales; de 100 metros para aplicaciones terrestres con vehículos; y de de 200 metros para fumigaciones aéreas.
La exclusión en las “áreas sensibles sin asentamientos de personas” (cursos de agua, áreas naturales protegidas, granjas avícolas y apiarios) los límites anteriores se reducen a la mitad.
En las “zonas de amortiguamiento” podrán aplicarse solamente los productos fitosanitarios habilitados por SENASA pertenecientes a las clases toxicológicas III (ligeramente peligroso) y IV (que normalmente no presentan peligro) y con condiciones: presencia obligatoria de un asesor fitosanitario, receta agrícola digital presentada, aviso con 48 horas de anticipación y “condiciones meteorológicas adecuadas”.
En las áreas sensibles con asentamientos de personas podrán aplicarse manualmente desde los 10 metros hasta los 30 metros inclusive; con vehículos terrestres desde los 100 metros hasta los 300 metros; y con vehículos aéreos desde los 200 hasta los 600 metros inclusive.
En las áreas sensibles sin asentamientos de personas los límites se reducen las distancias a la mitad.
Las 781 escuelas rurales que hay en Entre Ríos, además de considerarse áreas sensibles con asentamiento de personas, aumentan levemente los límites. Fumigaciones terrestres manuales deberán alejarse como mínimo 15 metros, aplicaciones terrestres con vehículos por lo menos 150 metros, y las avionetas 500 metros.
Control de daños a la salud
Por otro lado, el proyecto establece que en las zonas de exclusión el gobierno deberá otorgar incentivos económicos, beneficios fiscales y/o pago por servicios ambientales a los productores que impulsen “modelos productivos de intensificación ecológica que contribuyan a un desarrollo rural sostenible”.
Asimismo, el gobierno provincial, los municipios y comunas deberán promover “redes de monitoreo ambiental sobre las actividades de aplicación de fitosanitarios y sobre los potenciales efectos en la calidad del suelo, el aire, el agua y la biota”. Se crea un Cuerpo de Inspectores exclusivo, en un plazo de 2 años, todos los equipos de aplicación de fitosanitarios deberán contar con dispositivos de contralor tecnológico instalados”.
Por otro lado, la ley ordena una “vigilancia epidemiológica a las personas afectadas por la exposición aguda o crónica a productos fitosanitarios”. Y la constitución de un “Consejo Asesor Fitosanitario” con 17 actores estatales y no estatales: representantes académicos, el INTA, organizaciones de productores y ambientales, sindicatos de trabajadores rurales y docentes, entre otros.
Antes de la sesión de este miércoles,el diputado presidente de la comisión de Ambiente, Juan Rossi, defendió el proyecto: “Es necesario salir del inconducente debate que proponen las posturas políticas unilaterales. Más allá del ruido y los lemas, no aportan soluciones realistas e integrales. De un lado, las posiciones exclusivamente ambientales, que ignoran los aspectos productivos relevantes (…) En el otro extremo, las perspectivas netamente productivistas que niegan o minimizan los evidentes impactos en la salud y el ambiente”.
