El Gobierno inició este martes la semana de las tres audiencias públicas previas a los aumentos de tarifas energéticas. El primer capítulo fue del gas; el de este miércoles 11 de mayo corresponde a la electricidad; y el del jueves 12 a la segmentación de los subsidios.

Según comunicó anteriormente la Secretaría de Energía, las subas de las boletas de gas serán de entre 18,5% y 25,5% (promedio 21,5% a nivel nacional) para cerca de un 70% de los usuarios residenciales que no tienen tarifa social.

Estos últimos no serán alcanzados por incrementos, mientras que el 10% de los hogares con mayor capacidad de pago abonará el costo pleno del fluido y verán un alza de entre 200% y 400% en el segundo semestre del año.

Con todo, el Gobierno busca reducir una parte de los subsidios al gas, que entre junio y diciembre sumarán unos u$s 2000 millones.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece el compromiso de reducir los subsidios energéticos en 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), o unos 3000 millones de dólares, entre energía eléctrica, gas natural por redes y GLP (garrafas).

Sin embargo, por la crisis mundial, las subvenciones estatales irán en el camino inverso y pueden crecer de u$s 11.000 millones en 2021 a más de u$s 15.000 millones en 2022.

En este contexto, las distribuidoras de gas natural por redes le avisaron ayer al Gobierno que el aumento en el precio mayorista del insumo (en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST) les provocaría una pérdida cercana a los $ 5000 millones, lo que comerá una parte de la recomposición de márgenes que tuvieron a partir de marzo de este año.

Esa cifra corresponde al "gas no contabilizado, producto de condiciones técnicas de la operación del servicio como pérdidas y sistemas de medición"; morosos incobrables que "afectan el flujo de fondos y el capital de trabajo" y comisiones bancarias de cobranza sobre ventas, según un documento de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), que presentó este martes el titular de la entidad, Daniel Martini, en la audiencia pública previa a un aumento de tarifas por baja de subsidios.

Adigas le recordó al Gobierno que la regulación establece que las distribuidoras deben permanecer "neutrales" financieramente ante las productoras de gas.

Es decir, que el traslado de los nuevos precios del gas en PIST a las tarifas que les cobran a los usuarios finales del servicio no debería afectar su ecuación.

En tanto agentes de recaudación, las distribuidoras transfieren a las petroleras lo que abonan los consumidores; la diferencia entre ese precio y el reconocido a las empresas por producir gas lo subsidia el Estado nacional.

Según la cámara de distribuidoras, cada punto porcentual que aumenta el gas en PIST implica una pérdida de $ 86 millones para ellas. Y si en promedio el precio mayorista trepa 55% a partir de junio, el rojo alcanzará los $ 4730 millones.

En marzo de este año, el Gobierno les había habilitado a las distribuidoras de gas una mejora de 40% en sus ingresos.

Audiencias públicas: cómo ver y participar

En la primera de las tres audiencias públicas de la semana, unos 40 expositores criticaron mayoritariamente el programa económico armado en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece quita y segmentación de las tarifas de luz y gas.

La de este martes fue la tercera audiencia pública vinculada a los precios mayoristas del gas natural que realizó este Gobierno en apenas 14 meses.

En las anteriores oportunidades, la propuesta del Ministerio de Economía de quitar subsidios rebotó contra la negativa del kirchnerismo, que señala que es una política que frenará el crecimiento porque inducirá una baja del consumo de las familias. En esta ocasión, el compromiso con el FMI parece pesar más.

El acto no estuvo liderado por ninguna de las figuras políticas del Gobierno vinculadas al sector, como el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario de Energía, Darío Martínez; ni el interventor del Enargas, Federico Bernal.

En cambio, la audiencia fue dirigida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, una de las técnicas que calculó que la provisión de gas para usuarios domiciliarios superará los 3000 millones de dólares este año.

Hoy desde las 10 se debatirá el precio mayorista de la electricidad, con el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Guillermo Usandivaras, a cargo. No estarán Guzmán, Martínez ni el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que está en contra de nuevos aumentos.

Las audiencias públicas se desarrollan a través de la plataforma WebEx y se pueden seguir mediante el canal de YouTube del Ministerio de Economía.

La de este miércoles tiene 49 inscriptos, que tendrán 8 minutos de exposición cada uno, por lo que su duración puede superar las 6 horas.

Legisladores, diputados, defensores de los pueblos, consumidores y usuarios justificaron su oposición a los aumentos, en línea con una solicitada publicada en lunes en algunos diarios, con firmas de gremios de la CGT y la CTA de los Trabajadores.

Por caso, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, sostuvo que "no es un momento oportuno para más aumentos en las tarifas, porque los sectores más desprotegidos y la clase media no podrían resistirlos".

Gray propuso en la audiencia la necesidad de "postergar los aumentos tarifarios que implicarían secuelas muy duras en la vida cotidiana de los trabajadores, tanto como en las pymes y las entidades de bien público".

Fuente: Cronista

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