El programa televisivo Cuestión de Fondo, por Canal Nueve Litoral, reveló los detalles de una causa cuya apertura dispuso recientemente el fiscal Juan Ignacio Ramírez Montrull que involucra al diputado nacional Julio Solanas (FpV – Entre Ríos). El expediente está relacionado con irregularidades en la contratación de una obra cuando Solanas era intendente de Paraná, entre 2003 y 2007, y comprende al menos a cuatro ex funcionarios que lo acompañaron en la gestión al frente del gobierno local. Los delitos mencionados son incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El actual legislador nacional debió designar abogado defensor.

El actual diputado nacional y ex intendente de Paraná, Julio Rodolfo Solanas (FpV - Entre Ríos) no ocultó su bronca la semana pasada cuando, desde la Fiscalía que conduce Juan Francisco Ramírez Montrull, se le solicitó que presente abogado defensor por una causa vinculada a su última etapa como presidente municipal.

Quienes se presentaron como letrados fueron los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, es decir, los mismos que vienen defendiendo al ex gobernador Sergio Urribarri y a varios de sus allegados directos.

El expediente contra Solanas se inició a poco de asumir José Carlos Halle como intendente, en 2007, tras la presentación de los abogados Alejandro Cánepa, Guido Zuffiaurre y Fernando Quinodoz, quienes promovieron una demanda de lesividad persiguiendo la anulación de un decreto firmado por el actual diputado nacional.

Fue por una adjudicación para tareas de refulado en la playa del balneario Thompson y la eliminación de punta del espigón contiguo al arroyo Las Viejas, con cierta urgencia, porque se estaba próximo a la temporada veraniega.

Debían pagarse 429.912 pesos, pero el dinero acordado con la empresa paranaense JAP, Obras hidráulicas y portuarias, nunca se pagó desde el municipio, pese a que antes de terminar el mandato de Solanas, ante la insuficiencia de fondos presupuestados, se habían reasignado partidas y emitido la orden de pago 3.880, la que luego fue anulada en la administración Halle.

Sucede que la nueva gestión determinó que no existía en el expediente “constancias ni de la autorización para realizar los trabajos, ni contrato, ni factura, ni certificados de recepción de las obras, ni emisión de orden de trabajo, ni tampoco ninguna otra documentación que acredite fehacientemente la realización de los trabajos encargados”.

Los nuevos funcionarios consignaron, además, que ello dejaba demostrado “un absoluto apartamiento de las normas de contratación aplicables y vigentes de la Municipalidad de Paraná, advirtiéndose incluso incongruencia con las fechas de los informes, en contravención de la ordenanza de obras públicas, de contabilidad y su decreto reglamentario”.

Acotaron también que “aún la contratación directa como excepción tiene un régimen que exige cumplir con ciertos recaudos a fin de preservar los principios de transparencia, publicidad, igualdad y concurrencia”.

En su explicación, la firma contratada -que inició otra acción para el cobro por las tareas realizadas- indicó que la obra fue llevada a cabo entre los días 11 de diciembre de 2006 y 13 de enero de 2007, en horarios diurnos y nocturnos, “en los plazos previstos y por las horas cotizadas bajo la atenta supervisión de los ingenieros inspectores que el propio Estado municipal designó”.

Más allá de que en el ámbito municipal se reconoce la seriedad de la empresa paranaense, pasaron algunas cosas extrañas, en especial en relación al expediente. Sencillamente, se lo robaron a un empleado, al parecer cuando los papeles habían quedado en una camioneta del municipio, por lo cual hubo que trabajar arduamente para reconstruir tal documentación.

La causa terminó en la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, que avaló el planteo de los abogados municipales, bajo los argumentos consignados -especialmente por la falta de constancia administrativa de la realización de los trabajos- y cuestionó con dureza “el manifiesto desapego al cumplimiento de los deberes de funcionario público” de quienes condujeron tal proceso en el municipio, encabezado por el entonces intendente Julio Solanas.

O sea, si bien las tareas no se abonaron nunca y, por ende, no hubo daño patrimonial al municipio, no se dejaron pasar de largo las falencias administrativas que hubo en su trámite. Por ende, se hizo lugar a la acción de lesividad, se declaró la nulidad del decreto para el pago de las obras y se remitió el expediente al Ministerio Público Fiscal.

Ramírez Montrull hizo la apertura de la causa, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y se le pidió a Solanas que designe abogados defensores. El caso no solamente comprende al actual legislador nacional, sino también a por lo menos cuatro ex funcionarios municipales que lo acompañaron en la gestión.

Fuente: Análisis

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