Un total de 694 familias de diferentes localidades de Entre Ríos se adhirieron al sistema de cancelación anticipada de cuotas de las viviendas sociales que implementó el gobierno provincial a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda -IAPV-. Se recaudaron más de 61,6 millones de pesos.
El Sistema de Cancelación Anticipada de cuotas se puso en marcha a principios de esta gestión de gobierno y en un principio el plazo para acogerse al plan se extendía hasta el 31 de enero, luego se amplió hasta el 29 de febrero.
El titular del organismo, Manuel Schönhals dijo que “694 familias pudieron saldar el total de las cuotas de sus casas y esto les permite obtener el libre deuda ante el IAPV y estar en condiciones de tramitar su escritura. A partir de ahí, la casa será totalmente propia, sin ningún tipo de hipoteca o gravamen, de libre disponibilidad”.
En ese contexto, ingresaron al organismo más de 61,6 millones de pesos” y agregó que “cuando un entrerriano accede a una vivienda del IAPV, consigue más que una casa, también un espacio propio de realización familiar y, al hacerlo, asume un compromiso solidario para con otro vecino que está esperando una solución al problema habitacional que tiene”.
La adhesión se efectuó de manera online, a través de la página web del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), a efectos de una implementación más ágil y dinámica”, finalizó.
Cancelación de deudas con IAPV
El Sistema de Cancelación Anticipada de Deuda tiene como objetivo proceder a la entrega definitiva de viviendas con sus respectivas escrituras traslativas de dominio, la reducción en el costo de escrituración, y en los costos operativos de administración y cobranza, sumado a una mayor eficiencia en el manejo de la base de datos.
Esta operatoria involucró a los titulares de viviendas sociales cuya cuota mensual es inferior o igual a 10.000 pesos. Se aplicó un 20 por ciento de descuento para los adherentes que estén al día con el pago al 30 de octubre de 2023 y de un 12 por ciento para el resto de los adjudicatarios que aún deben cuotas. Quedaron exceptuados quienes tengan menos de 60 facturas emitidas, tengan alguna irregularidad ocupacional o se encuentren en proceso judicial por o contra el Instituto.