Quemas en el Delta: "El Derecho obliga a los Estados a cuidar el planeta"

"El Delta del Paraná es una región de gran valor natural y cultural, compleja y diversa, y sus humedales brindan beneficios fundamentales a las poblaciones ribereñas e isleñas y a la sociedad en su conjunto. La situación de emergencia, profundizada por la bajante extraordinaria del río Paraná, sumado a las consecuencias del cambio climático, han impactado de manera peligrosa en todo el ecosistema" indicaron desde la entidad.

En ese contexto, los abogados indicaron que existe una "falta de acciones coordinadas de las jurisdicciones implicadas", apuntando al no respeto del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná -Piecas-; la ausencia de controles y la falta de una ley nacional de protección de humedales: "Es preciso generar espacios de consenso y coordinación institucional, diseñando modelos de gestión del territorio con participación de sus habitantes y de distintos sectores de la sociedad involucrados en la sustentabilidad real de los recursos".

Para el CAER, la Ley de Humedales "debe sancionarse con una perspectiva ecocéntrica, contemplando además las pautas del Convenio Nº 169 de la OIT y, en el marco del Acuerdo de Escazú -cuya ratificación por el Congreso Nacional también resulta imperiosa- garantizar la participación pública, el acceso a la información y a la justicia".

Los letrados expresaron en ese sentido que el el 40% de las especies vegetales y animales del mundo viven o se reproducen en los humedales: "Si nos retraemos obtenemos que, desde 1970, la disminución ha afectado al 81% de las poblaciones de especies de humedales continentales y al 36% de las especies costeras y marinas. Entre 1970 y 2014, las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron en un 60%. Un millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción, siendo las especies de humedales las que más están disminuyendo. El 25% de las especies de humedales están amenazadas de extinción, incluyendo aves acuáticas, mamíferos que dependen del agua dulce, tortugas y especies de construcción de arrecifes".

Para cerrar, desde el CAER hicieron mención a los actores -públicos y privados- que tienen intereses económicos en el delta: "No deben producirse normas jurídicas aisladas que respondan a un sector determinado. Las normas ambientales responden a un sistema integrado, de interrelación y complementación. La regulación de los recursos naturales de la provincia, su control, preservación, conservación y defensa, deben asegurar su uso racional y sustentable, teniendo en cuenta las necesidades locales y las de generaciones futuras".