El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que lo visitaron durante su gestión en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. El fallo judicial fue firmado el mes pasado y pasó bajo los radares.

Las visitas de Borinsky y Hornos a Macri fueron denunciadas por el ministro de Justicia, Martín Soria, (cuando era diputado del Frente de Todos) y los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, quienes luego promovieron el avance de la causa. La hipótesis de la denuncia era que luego de haber visitado a Macri, los camaristas de Casación tomaron decisiones afines a su gestión y adversas para el kirchnerismo. La fiscal del caso, Alejandra Mángano, apeló los sobreseimientos. El caso se encuentra bajo estudio de la Sala 2 de la Cámara Federal, pero dos de los tres jueces se excusaron de analizar la decisión tomada por Martínez De Giorgi en primera instancia.

Las visitas de estos jueces no solamente fueron señaladas por Cristina Kirchner cuando pidió ser sobreseída en la causa por el Memorándum con Irán en una audiencia transmitida en vivo a los medios de comunicación, sino que fueron un elemento tenido en cuenta por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini, del Tribunal Oral Federal N°8 cuando el año pasado cerraron ese expediente. En ese fallo los jueces dijeron que las visitas de los jueces a Olivos afectaron la imparcialidad e independencia del juez natural, ya que Borinsky y Hornos fueron quienes ordenaron la reapertura de la causa que había sido iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

En el fallo al que accedió LA NACION Martínez De Giorgi dijo: “Llevada a cabo la investigación de los hechos denunciados y valorada la prueba reunida, fuerza concluir que no se han obtenido evidencias que avalen lo afirmado en la denuncia”. La fiscal Mángano apeló el fallo porque lo consideró prematuro. Señaló en su dictamen que quedan medidas de investigación por realizar y que estos hechos podrían ser conexos con otras causas en trámite y podría corresponder su acumulación.

Según los denunciantes, esas visitas -se indicaron los días 22/12/2015, 5/5/2016, 8/8/2016, 31/10/2017, 16/11/2017 y 13/8/2018- fueron previas al dictado de resoluciones judiciales o cuestiones políticas afines a los intereses de Macri. La denuncia señalaba, además, que esas reuniones no fueron precedidas por la correspondiente solicitud de audiencia pública.

La Justicia pidió información a la Casa Militar, que elaboró informes sobre las fechas en que los camaristas visitaron a Macri. Esos informes arrojan que las fechas en que Borinsky estuvo en la Quinta de Olivos, los días 5 de mayo de 2017 y 7 de mayo de 2018, no coinciden con las fechas señaladas en la denuncia penal. “Es relevante destacar que por la prueba obtenida a través de fuentes oficiales (informes elaborados por la Casa Militar) sólo pudo probarse la efectiva asistencia del Dr. Mariano Borinsky a la quinta presidencial de Olivos en dos ocasiones (los días 5 de mayo de 2017 y 7 de mayo de 2018), fechas que no fueron consignadas en la denuncia”, dijo Martínez De Giorgi en el fallo. Y encontró justificación en que Borinsky visitó la Quinta de Olivos por la reforma del Código Penal que él promovía.

No se corroboró la concurrencia de Mariano Borinsky a la Quinta Presidencial de Olivos, ni a la Casa Rosada, en ninguna de las fechas mencionadas en la denuncia en su contra (27/06/2016, 9/8/2016, 11/8/2016, 24/8/2016, 1/9/2016, 7/9/2016, 15/9/2016, 6/10/2016, 23/12/2016, 16/3/2017, 21/12/2017, 2/8/2018, 12/9/2018, 14/2/2019, 20/6/2019, 15/8/2019, 4/9/2019 y 23/9/2019), de acuerdo a lo que surge de los informes oficiales incorporados a este proceso. Por lo contrario, está registrado su ingreso a la residencia presidencial los días 5 de mayo de 2017 y 7 de mayo de 2018, pero en su condición de presidente de la Comisión de Reforma al Código Penal de la Nación. Su presencia en estas ocasiones, de acuerdo a lo que surge de los registros y de las fuentes públicas de información abiertas, estuvo vinculada con temas relacionados con la tarea de la Comisión”, dice el fallo.

“Todo ello aleja la posibilidad de afirmar que dichos encuentros, entre el expresidente de la Nación y el juez, fueron la ocasión para una influencia indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción del Dr. Borinsky, en función de un interés distinto al que correspondía que guiara las decisiones jurisdiccionales del nombrado en la Cámara Federal de Casación”, agregó De Giorgi.

Respecto de Hornos, hay tres accesos a la Casa Rosada que fueron comprobados por la Justicia entre los seis enumerados por la denuncia, y fueron en los días 31 de octubre de 2017, 16 de noviembre de 2017 y 13 de agosto de 2018, pero no se pudo establecer el motivo de las visitas. “Sobre los motivos de los encuentros de esos tres días no existe justificación alguna, ni actividad pública oficial que los explique. Sin embargo, tampoco se obtuvieron evidencias, constancias documentales ni registros acerca de su contenido, situación que impide atribuirles valor determinado, y menos aún darle una connotación ilícita acorde a los términos, finalidad y encuadre legal que se indicó en la denuncia”, consideró De Giorgi.

En esta causa declararon dos testigos: el capitán y jefe de la División Asesoría Jurídica de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, Javier Hermes Acuña, y Lucas Sebastián Platini, quien se desempeñó en la órbita de la Dirección de Tecnología Informática y Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Comunicación de la Secretaría General de la Presidencia. Ambos declararon que no existe un sistema único de registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos y que muchas veces puede utilizarse más de un sistema informático a la vez. “En función de los informes obtenidos, y de la descripción detallada brindada por ambos testigos, puede afirmarse que existe un registro de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, todo lo cual queda asentado en un sistema informático o, eventualmente, en registros manuales. De tal modo, la información relacionada con el acceso de los jueces a ambos domicilios puede considerarse fidedigna y sin margen de error”, consideró De Giorgi.

El dictamen de la fiscal Mángano, al que accedió LA NACION, sostiene: “Este Ministerio Público Fiscal considera que los argumentos expresados en el resolutorio cuestionado se sustentan en una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados y no alcanzan para descartar, con la certeza negativa requerida en esta etapa instructora, la relevancia jurídico penal de la plataforma fáctica investigada”.

Y sostiene que la prueba no es rigurosa ni suficiente. “Los medios de prueba sobre los que se funda la resolución no reflejan la fiabilidad y rigurosidad alegada. Por el contrario, los datos investigativos hasta aquí reunidos no permiten precisar la existencia de una fuente probatoria confiable respecto a los registros de visitas a las sedes presidenciales e incluso es posible advertir a simple vista que el informe de Casa Militar agregado en este caso no incluye los registros informáticos de ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, sino solo algunos registros manuales al primero de los edificios lo que se aclara en la nota de elevación al juzgado”.

En las manos de Marcelo Martínez De Giorgi hay más de un expediente que despierta interés en el poder. Uno de ellos es el que investiga maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. También está en su juzgado la causa que investiga si durante el macrismo hubo irregularidades en la concesión de parques eólicos a la empresa Isolux-Corsan, y el expediente que investiga las coimas de la firma brasileña Odebrecht en la Argentina para la concesion de la obra del soterramiento del tren Sarmiento

Fuente: La Nación

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