El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Elvio Garzón, revocó los tres sobreseimientos dictados en el legajo que investiga presuntas coimas del empresarioDiego Armando Cardona Herreros. De ese modo, este jueves al mediodía refutó en duros términos la resolución del juez de Garantías, Mauricio Mayer, que benefició con el sobreseimiento al exgobernador Sergio Urribarri y los exfuncionarios Carlos Haidar y Miguel Ulrich.
Además, concedió las probation ofrecida entre las partes para los imputados Alfonso Campitelli y Jorge Zanabone. Ambos son ejecutivos de la empresa Relevamientos Catastrales SA y ofrecieron unos 13 millones de pesos al Estado en concepto de reparación, para quedar desvinculados de la causa. Ese acuerdo entre partes también fue rechazado por Mayer y formó parte del recurso de apelación que interpuso Fiscalía y debió resolver Garzón.
El vocal concedió la apelación que interpusieron los fiscales Matilde Federik y Gonzalo Badano en todos los términos. Y rechazó los planteos defensivos para que se mantenga la resolución de Mayer. "Discrepo profundamente con el doctor (Mauricio) Mayer, dado que el fallo Cozzi no tiene nada que ver con esta causa y resulta inaplicable", fustigó, el vocal al dar a conocer su resolución.
Mayer había basado el sobreseimiento en el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia(STJ) conocido públicamente como Cozzi en el que se dispuso el sobreseimiento de Juan Alfonso Blasón Lorenzatto. El argumento del alto cuerpo judicial se basó en la extensión por fuera de los plazos procesales en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Garzón entendió que Mayer realizó una interpretación errónea de dicho fallo.
Para el juez de apelación, la causa por coimas tuvo actividad y la prórroga en los plazos está justificada. "La última declaración indagatoria fue el 11 de mayo de 2021, cuando fue indagado Ulrich. A partir de ahí, los 18 meses previstos por el Código Procesal Penal para concluir la investigación, recién se cumplen en noviembre de este año", calculó el juez y apuntó: "Mayer no conoce el legajo de Fiscalía, su cálculo se basa en el legajo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), es decir, las actividades que pasaron bajo su órbita. Pero tanto Fiscalía como defensa pidieron e impulsaron medidas que no pasaron por el juez".