Anticiparon que pedirán declarar la inconstitucionalidad si se aprueba la ordenanza que prohíbe el glifosato en Gualeguaychú.

En la conferencia de prensa realizada este fin de semana en el salón de la Rural en el centro de la ciudad, el presidente de esa entidad, José Colombatto, señaló que están "estudiando declarar inconstitucional la Ordenanza". "Estamos asesorando a los productores porque algunos se van a quedar sin trabajo", manifestó.

Asimismo, calificó a la propuesta del Ejecutivo Municipal para prohibir la venta, acopio y aplicación del herbicida en el éjido urbano como una medida de "corte político, no pensando en el productor, y que sólo va a agravar el éxodo a la ciudad de la ruralidad, eso nos preocupa porque están afectando al más pequeño y no es justo".

En tanto,Walter Feldkamp, ingeniero agrónomo, agregó que "nos preocupa porque incluyen más de 33 mil hectáreas productivas y se le quita una importante herramienta al productor. Pero se están ocupando del ejido de la ciudad que sólo es un 5 por ciento de toda la superficie del Departamento", aclaró sobre los alcances de la futura norma.

Defendió el uso del producto porque se "hace énfasis en siembra directa y en la conservación del suelo. Para eso es fundamental el uso de ciertos agroquímicos, uno de ellos, el glifosato. No estamos para proteger al que hace mal uso del producto, en más, queremos que se pene, pero no que nos quiten una herramienta de trabajo".

Luego comparó los rindes con la disponibilidad o no del control de malezas: "en cualquier sistema que no use los agroquímicos, sabemos que los rindes son menos de la mitad. Por eso, no hay miles y miles de productores que no los usen, habrá un campo que otro que no los aplique pero nada más", ejemplificó.

Walter Feldkamp también expuso que "hoy no se habla de ambientalismo, sino de sustentabilidad que incluye lo social, económico y ambiental. Hacer un proyecto sobre glifosato, un producto que cada vez se usa menos y posiblemente en cinco años se deje de usar o sea mínimo, es porque ha tomado estado mediático".

RECHAZO

"Nuestra posición es que estamos en contra de esta Ordenanza. Una vez que se promulgue [en caso de aprobarse]el Municipio tendrá que ver cómo va hacer el control porque es un área muy grande y ni siquiera la provincia aplica un control", precisó el número dos de la Rural.

En la misma línea fue Matías Martiarena, delegado de la Federación Agraria, cuando sostuvo que "es un golpe al modelo y nada más. En las rondas de consultas ante los concejales, concluyeron todos en que hay que regular al glifosato y eso es lo que exigimos. Es nada más que una cuestión política porque a los productores nos sacan una herramienta a cambio de nada".

Reiteró que están abiertos a un diálogo más extenso y que "concurrimos a las audiencias que hizo el Concejo Deliberante y a las que fueron el SENASA, INTA, universidades, la Mesa de Enlace Provincial. Nosotros entendemos que los concejales no están capacitados ni tenían el conocimiento para tratar una Ordenanza como esta. En la primera reunión ni siquiera sabían el alcance del ejido y se enteraron por nosotros", denunció Martiarena.

Sin embargo, también aclaró que "tenemos en claro que el glifosato es un veneno y debe ser usado con responsabilidad. No es agua bendita. Hemos presentado proyectos de buenas prácticas agrícolas para implementarlo y que sea regulado. El INTA dijo que de los 440 principios activos que se usan en la agricultura no hay que prohibir ninguno, sí controlar a todos".

Poniendo el foco en esa cuestión, el federado indicó que "el Ejecutivo al reglamentar la Ordenanza tendrá que poner cómo será el control" y recordó que cada envase puntualiza que "los agroquímicos deben ser aplicados con las condiciones ambientales correspondientes de vientos, temperatura y humedad. Así, no perjudican a la salud".

Como el proyecto de esta norma salió en respuesta a los casos de cáncer en la ciudad, Matías Martiarena comentó que "sabemos que hay presencia de cáncer, pero no sabemos que aire respiramos, que agua tomamos, está el tema de las lagunas sanitarias, cuando andamos en el río vemos que es lo que está flotando. Estas cosas también afectan a la salud. Con esta Ordenanza se quiere responsabilizar a un producto por la enfermedad y se desatiende el resto".

A FUTURO

Los ruralistas insistieron en "mayor control. Tenemos un Estado ausente porque para controlar. En toda la provincia hay dos personas, por eso, propusimos que sea el Municipio, como ocurre en Caseros, quien controle. Que tengan un ingeniero agrónomo que verifique todas las máquinas que andan en el ejido".

Advirtió por "un Boca-River ya que nos han enfrentado a la sociedad porque la gente tiene una psicosis en esta cuestión: piensan que nosotros, a costa de hacer dinero, matamos a la gente. Es una gran mentira porque cuidamos nuestra salud y el medio ambiente para seguir produciendo".

Enseguida abrió el juego "propusimos una mesa de diálogo con distintos sectores y no ha habido voluntad del oficialismo de concretarla. Hemos mandado notas desde Federación Agraria para que el Ejecutivo [Martín Piaggio] nos reciba y no hemos tenido respuestas".

Finalmente, Matías Martiarena disparó que "los concejales tendrían que decir el lunes qué va a pasar con esos campos que van a quedar improductivos y qué mecanismos van a tener ante los recursos de amparo que los productores, comercios y todo el circuito tendrán que hacer’".

"Por coherencia, Gualeguaychú no puede recibir más el fondo solidario de la soja que se estima que el año pasado fue de 18 millones de pesos y que este año, por la sequía, será un 15 por ciento menos. No podemos recibirlo porque sería plata envenenada", cerró con dureza sus respuestas.

Fuente: R2820

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