Un debate divide a los argentinos: despenalización del aborto, ¿sí o no?

De un lado, el argumento principal sostiene que la vida comienza en el momento de la fecundación, entonces el aborto es un crimen contra el ser humano más indefenso y por lo tanto, debe ser castigado por la ley. Del otro, que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, y por ello quien decida hacerlo merece atención segura y gratuita en los hospitales públicos, además de cobertura de las obras sociales.

Pero más allá de lo que cualquiera piense u opine, de los motivos morales, religiosos, científicos o legales que uno pueda esgrimir, hay una realidad que es indiscutible: cientos de miles de mujeres abortan por año en la Argentina. Al no haber un registro público oficial, la cifra es difícil de calcular y depende de fuentes con intereses opuestos: las estimaciones van desde los 200 mil hasta más de 530 mil casos anuales.

El hecho de que la práctica sea clandestina, entonces, no evita la existencia de los abortos: los vuelve una cuestión económica. Quien reúna el dinero suficiente podrá acceder a interrumpir un embarazo con la asistencia de un profesional de la salud mediante el uso de costosos medicamentos, aspiración o intervención quirúrgica, entre otros, dentro de un consultorio, en condiciones higiénicas y seguras -un negocio muy rentable que conviene a muchos médicos-.

En cambio, para las mujeres de contextos socioeconómicos vulnerables un aborto clandestino puede significar la muerte. Golpes, agujas, curanderos, dudosos remedios caseros y otros métodos muy riesgosos suelen ser la opción. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el aborto es la principal causa de muerte materna en el país: de un total de 80.000 internaciones, 100 mujeres fallecen por año.

¿QUIÉN QUIERE ABORTAR?

Ahora bien, quizás en un punto podríamos coincidir todos: la clave está en evitar los embarazos no deseados. Después de todo, ¿quién quiere abortar? La mujer que elige transitar por semejante experiencia dolorosa y traumática, sin dudas decide afrontar un sufrimiento ante una situación límite, acude a esa opción como último recurso. ¿O en serio se piensa que si se regula la práctica todas irían corriendo a abortar en vez de utilizar los numerosos recursos que tendrían para evitarlo?

En este sentido, el slogan de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, formada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil y autora de un proyecto de ley para la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, reza: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

De acuerdo al análisis conjunto que realizaron en 2015 la Organización Mundial de la Salud -OMS- y la ONG de salud reproductiva Instituto Guttmacher en base a los datos de 184 países desde 1990 a 2014, “las tasas de aborto han disminuido significativamente en los últimos 25 años en los países desarrollados y se encuentran en un mínimo histórico. Pero en los países en desarrollo, como la Argentina, donde muchos abortos son inseguros, las tasas han permanecido iguales, poniendo de relieve la necesidad urgente de mejorar el acceso a métodos anticonceptivos modernos (píldoras, implantes, dispositivos intrauterinos) para reducir los embarazos no deseados y abortos”.

En esa misma línea, el informe también advierte que “las leyes restrictivas no limitan el número de abortos. De hecho, en los países donde el aborto está fuertemente restringido por la ley y a menudo conduce a que se lleve a cabo en condiciones de riesgo, su incidencia es tan alta como en los países donde es legal”. Y grafica: “En América Latina, una región con leyes de aborto muy restrictivas, uno de cada tres embarazos terminaron en aborto entre 2010 y 2014 (32%). Es la tasa más alta de todas las regiones”.

Por si no ha quedado claro, no estamos hablando aquí acerca de si permitir o no que las mujeres interrumpan sus embarazos. De hecho, lo hacen. La penalización del aborto no lo impide, sino que fomenta los métodos ilegales y ensancha la injusticia social.

El debate acerca de si se trata de un bebé con derechos que merece vivir o un feto que la mujer tiene el derecho de sacar de su cuerpo es una discusión de nunca acabar que no nos permitirá arribar jamás a un acuerdo, ya que depende de las creencias, valores y principios de cada uno.

¿Con qué derecho pensamos que podemos imponer a los demás cómo deben pensar y actuar en un tema tan delicado, profundo y complejo como este? La carga moral, religiosa, emocional, que pueda tener o no el aborto, será la que deba afrontar cada persona que decida practicarlo.

De lo que estamos hablando es de la necesidad de políticas públicas integrales para una realidad que existe y que hemos estado escondiendo bajo la alfombra por años de manera hipócrita.

Ante las cifras elocuentes y un Poder Legislativo que hasta el momento no ha tratado en el recinto ninguno de los varios proyectos que existen sobre el tema, sólo queda una advertencia final: tal como no se cansa de repetir la escritora feminista Selva Almada, “las mujeres que mueren por abortos clandestinos son los femicidios del Estado”.

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