Desde la Reforma Tributaria introducida por la Ley N°27.430, se estableció que el Impuesto sobre los Combustibles es de Suma Fija, y que se actualizará en enero, abril, julio y octubre de cada año a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. En diciembre, se actualizarán estos importes, que fueron postergados a lo largo del año para atenuar el impacto del salto del dólar en los surtidores.

¿Desde cuándo se pagan impuestos sobre los combustibles?

La imposición sobre los combustibles data, en Argentina, desde la década de 1930. El 30/09/1932 se sancionó la Ley Nº11.658 que dio origen al Impuesto sobre los Combustibles y Lubricantes. Gravó los combustibles y destinó lo recaudado a Fondos Viales. Además, esta Ley -conocida como “Ley Nacional de Vialidad”-creó un sistema troncal de caminos nacionales en todo el país, estableciendo que la gestión, conservación y ampliación de dicho sistema debería estar a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.).

Luego de dos décadas de modificaciones y cambios de los destinos del producido con el tributo, en 1958 se dicta el Decreto-Ley N°505/58, que crea el Consejo Vial Federal (C.V.F.), integrado por todas las provincias y la D.N.V. Con ello se logra la federalización del sistema vial nacional al crearse las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) y asignarles una participación de lo recaudado por el impuesto a los combustibles a las provincias.

Hasta la sanción de la Ley N°23.966 en la década del ´90, el destino de lo recaudado sufrió numerosas modificaciones, por lo que esta nueva ley vino a restaurar parte de los fondos específicos viales con destino a las DPV y se incorporaron nuevos sectores a los que destinar el producido por el Impuesto a los Combustibles: el Fondo Nacional de la Vivienda (F.O.N.A.V.I.), el Fondo Provincial de Infraestructura Pública (F.P.I.P.) y el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (F.E.D.E.I.).

¿Qué novedades trajo la Reforma Tributaria de la Ley N° 27.430?

En el mensaje de elevación al Congreso del proyecto de la última reforma tributaria, “se hace mención a que la presión tributaria sobre los combustible es de aproximadamente 40% en gasoil y 45% en naftas sobre el precio final, incluyendo el impuesto sobre los ingresos brutos, y que, si bien esta presión es más baja que en los países de la OCDE, no resulta aconsejable incrementarla”. Además, se puso de manifiesto “la necesidad de discutir e implementar medidas respecto de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)”, por lo que la Ley Nº 27.430, presentó el impuesto al dióxido de carbono como un instrumento que además de eliminar las externalidades negativas de la emisión de los gases que generan el efecto invernadero (GEI), genera beneficios en la economía porque los tributos de tipo ambiental son menos distorsivos que los demás.

Más allá de algunas definiciones técnicas en cuanto al tributo propiamente dicho (denominación, sujetos pasivos, etc.), la principal novedad apareció en la modificación del cuarto artículo de la Ley N°23.966. Allí se advierte que el Impuesto sobre los Combustibles deja de ser del tipo ad valorem (un porcentaje calculado sobre la base imponible) y pasa a ser un importe fijo.

En el mismo texto de la ley, se menciona que esos importes fijos se actualizarán en enero, abril, julio y octubre de cada año a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC acumulada en el trimestre previo a la actualización. Y esto es lo que provocara un nuevo incremento en el precio de los combustibles a partir de diciembre. Pero vale aclarar, que este año no se cumplió con el cronograma de actualizaciones debido a una decisión gubernamental de suspender los mismos desde el mes de marzo. Ahora el Poder Ejecutivo Nacional dispuso que a partir del 1 de diciembre se actualice todo lo que debió hacer durante el año, lo que implica un impacto aproximado en el precio final de los combustibles de un 5% de aumento.

¿Y qué destino se le otorga a lo recaudado por este impuesto?

Cabe aclarar que este impuesto no es coparticipable, y previo a la Reforma Tributaria de la Ley N° 27.430, el producido del Impuesto a los Combustibles se distribuía de la siguiente manera:

  • 21% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.).

  • 23% al Tesoro Nacional

  • 23% a las Provincias

  • 33% al Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.)

Luego de la reforma, el cuadro de distribución se modificó, quedando de la siguiente manera:

  • 10,40% al Tesoro Nacional

  • 15,07% al FO.NA.VI.

  • 10,40% a las Provincias

  • 28,69% al Sistema Único de la Seguridad Social

  • 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Decreto Nº 1381/2001)

  • 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (Decreto Nº 976/2001)

  • 2,55% para Compensación del Transporte Publico (Decreto 652/2002)

Puede advertirse claramente, que la reforma fue en detrimento de los fondos percibidos por las Provincias, siendo que las mismas destinan esos fondos no solo al mantenimiento y ampliación de la red vial que posibilita el desarrollo productivo del interior, sino que además se utiliza para fomentar el desarrollo eléctrico en algunas zonas donde aún no llega este servicio. Se ha presentado un proyecto de modificación de esta parte de la Ley para poder recomponer los fondos destinados a las Provincias, pero aún sigue esperando de la buena voluntad de los congresales.

Además de esto, al haberse implementado un impuesto de suma fija, incumple con el mensaje de elevación del proyecto al Congreso, dado que la presión tributaria efectiva en los combustibles ha disminuido.

María José QUINODOZ

Contadora – Lic. en Economía

mariajose@mqestudiocontable.com.ar

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