El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos salió al cruce de la posibilidad de conformar un programa provincial para defender inquilinos. La iniciativa fue motorizada por la CTA y ATE, en conjunto con funcionarios del gobierno provincial, para defender sus derechos.
Desde la entidad, en cambio, consideran que la iniciativa es "anacrónica, vetusta, y carente de prudencia". Y explicaron que el Colegio "brinda seguridad jurídica a través de los matriculados, controla que no existan abusos en el ejercicio de la profesión". Señalaron además que el actual sistema "funciona bien" y que no ven motivos para modificarlo.
"El Corretaje Inmobiliario se trata de una profesión liberal e independiente cuyo objetivo es acercar a dos partes para la concreción de un contrato, razón por la cual debe entenderse que el servicio profesional que ofrece un corredor en el mercado, es tanto para propietarios como para inquilinos y en ambos casos tienen regulados sus honorarios" indicaron en un comunicado subido a las redes sociales.
El Colegio de Corredores considera que ya se han buscado soluciones con el Estado de por medio, pero han fracasado. "Tales garantías estatales les significa a los inquilinos afectar mensualmente una parte elevada de sus remuneraciones y se les hace inconveniente".
Los corredores criticaron además la posibilidad de exmiir del Impuesto a los Sellos a los contratos de locación para vivienda, remarcando que sería una "mengua en los recursos del Estado". Objetaron también la posibilidad de aumentar el impuesto inmobiliario a propiedades deshabitadas por más de un año: "Exhibe un profundo desconocimiento de normas tributarias nacionales y constitucionales y en realidad no es ni más ni menos que la creación de un nuevo impuesto".
"Los Colegios y Consejos Profesionales aseguran el libre ejercicio de la profesión y su organización en forma democrática y pluralista, y ejercen el poder disciplinario sobre sus miembros, dictando resoluciones que son revisables judicialmente" finalizó el escrito.