El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó al fiscal Carlos Stornelli por considerarlo parte de una asociación ilícita dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal. El magistrado, que también le achaca el incumplimiento de los deberes de funcionario público entre otros delitos, resaltó que amerita detenerlo con prisión preventiva porque puede entorpecer la investigación pero no lo hará porque goza de fueros. Por tal motivo, le solicitó al Procurador General interino, Eduardo Casal, que inicie el juicio político del fiscal del caso de las fotocopias.

Ramos Padilla le adjudica a Stornelli responsabilidad en 7 casos que ejecutó la banda de D’Alessio: “GNL”, “Brusa Dovat-PDVSA”, “Terrorismo-Irán”, “Pedro Etchebest”, “Ubeira”, “Castañón” y “Munín-Talevi”. Le dictó el sobreseimiento en el caso “Landaburu” y la falta de mérito en “Barreiro”. Es decir, que aparecen casos de espionaje de lo más variados: desde uno realizado en Uruguay a otro de interés personal como el del ex de su actual pareja, Jorge Castañón; o la introducción de prueba ilegal en una causa judicial como es el de Gas Natural Licuado. En el del ejecutivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat también se considera al fiscal partícipe de una coacción.

El juez de Dolores resaltó en su resolución (de 534 páginas) el delito previsto en el artículo 43 ter de la ley nacional de inteligencia. ¿Qué dice? Que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas”.

De acuerdo a información del juzgado, constan más de 100 chats entre el fiscal y D’Alessio. Y sólo en el período que va del 23 de diciembre de 2018 al 6 de febrero de este año, que es al que tuvieron acceso los investigadores. “Hablaron más de 25 días de los 45 registrados. Muchas de esas conversaciones arrancaban a la mañana y concluían a la noche. Ademas de que existieron reuniones personales”, indicaron fuentes con acceso a la investigación.

En su escrito, el magistrado dejó constancia de “que no se impone la prisión preventiva pese a haberse comprobado la existencia de los peligros procesales de elusión de la acción de la justicia y de entorpecimiento de la investigación, en razón de los fueros e inmunidades de los que goza el imputado”. Esto es que no lo detiene por los fueros de los que goza como fiscal. Pero el juez considera que sobran motivos para apresarlo. Sin ir más lejos, estuvo rebelde 9 meses.

Ante este escenario, Ramos Padilla solicitó la intervención de la cabeza del Ministerio Público Fiscal “para que analice la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación respecto del fiscal federal Carlos Stornelli y, en su caso, se arbitren los medios necesarios que se encuentren a su alcance para disipar los riesgos procesales que aquí fueron expuestos”. Es decir, pide que se avance con el juicio político del fiscal.

En este marco, el juez le trabó a Stornelli un embargo de 10 millones de pesos y le fijó reglas de conducta.Por ejemplo, “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”; “deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogada defensora de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país”.

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