La jueza Loretta Preska, que lleva adelante el juicio de los acreedores de Petersen contra YPF, postergó presentaciones judiciales clave a la espera de definiciones electorales.

"En luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas de presentación (N. de R: sobre un recurso legal presentado por el país) hasta que haya una idea clara de qué administración va a tener poder para hablar en nombre de la República", detalla la jueza Loretta Preska.

La defensa de YPF y de la República Argentina irá la semana que viene a ver a la jueza para pedirle que deje sin efecto esta última revocatoria. "Hay una continuidad del Estado de derecho. Los argumentos de Argentina seguirán siendo válidos si hay un cambio de Gobierno", plantearán desde el Poder Ejecutivo a la magistrada de los Estados Unidos.

La decisión tiene que ver con la jurisdicción que lleva adelante pleitos sobre efectos laterales de la expropiación de YPF, que fue en abril de 2012. Los abogados de Argentina entienden que la expropiación de YPF es un acto soberano que ocurrió en el país, por lo que debe tramitarse en juzgados locales. Para eso, presentaron un pedido (su nombre legal es "forum non conveniens"), por el que tienen que volcar argumentos.

En la disposición original de la jueza Loretta Preska se establecía que Argentina debía presentar su caso hasta el 30 de agosto. Dos meses después, los fondos que querellan contra el país -como Burford, usando derechos que compró de Petersen Energía- debían contestar. Esto es, hasta el 30 de octubre.

Sin embargo, tras la nueva disposición de Preska, los fondos que litigan contra el país (Burford y Eton) poseen hasta el 7 de diciembre para volcar sus argumentos. En ese momento, ya se sabrá si hay un nuevo Gobierno de Alberto Fernández o un segundo mandato de Mauricio Macri.

En los plazos originales, la Argentina tenía hasta el 30 de noviembre para replicarles a los querellantes, como los fondos. Pero ahora, como todo se posterga, deberá aguardar hasta el 7 de enero de 2020.

Petersen Energía, que fue accionista de YPF, perdió sus acciones en la petrolera por la expropiación, que sucedió en abril de 2012. Los derechos para reclamar los compró un fondo (Burford), que reclama US$ 3.000 millones como compensación.

"Hay una continuidad del Estado de derecho. Hay una continuidad de la sociedad jurídica. Los directores tenemos mandato hasta el 30 de abril del año que viene", dice Fabián Rodríguez Simón, director de la compañía y cerebro de la defensa jurídica de YPF. Durante la semana que viene, le pedirán -junto con la Procuración General del Tesoro- que se mantengan los plazos establecidos previamente. Es decir, buscarán que las elecciones no modifiquen todas las presentaciones previstas.

En el Gobierno les llama la atención de la intromisión de Preska dentro del calendario electoral local. Les parece algo "inédito". "En caso que gane la oposición (encabezada por Alberto Fernández) y designe un nuevo directorio, podrán cambiar las personas, pero se mantiene la empresa", razonan. "Los juicios contra la compañía seguirán siendo los mismos, independientemente de sus directores", esgrimen.

El anterior presidente de YPF, Miguel Galuccio, se desvinculó de la compañía en abril de 2016, es decir después del cambio de Gobierno, que fue el 10 de diciembre. Daniel González, que hoy se desempeña como CEO, fue CFO (director financiero) con la gestión de Galuccio.

Cristina Fernández, candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, dialoga sobre YPF con Galuccio, que fue presidente de la compañía después de la expropiación. Hay altas probabilidades que el ejecutivo vuelva a ocupar ese sillón en caso que la fórmula de los Fernández gane en las próximas elecciones generales presidenciales.

Fuente: Clarín

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