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SUSCRIBITEAlrededor de un millón de personas se movilizó desde varios puntos de Santiago hacia una céntrica plaza de la capital, para exigir reformas de un sistema económico que consideran desigual y coreando lemas contra el gobierno de Sebastián Piñera en el peor estallido social en Chile en tres décadas.
Entonando canciones populares durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), saltando y con banderas chilenas y mapuches, los manifestantes se congregaban en avenidas de la capital para atender el llamado de la "Marcha más grande de Chile", una semana después de que uno de los países más estables de América Latina quedara sumido en su peor crisis social.
Los Carabineros estimaron que la concentración ya reunió a unas 500.000 personas solo en Santiago, y que está en aumento, en la mayor demostración en las calles desde el regreso de la democracia a Chile, en 1990.
Más temprano, las autopistas de la región Metropolitana de Chile se transformaron hoy en escenario de las protestas que hace una semana afectan al país, con filas de camiones, taxis y autos particulares que tomaron las rutas en rechazo a los altos precios del cobro electrónico de peajes.
En tanto, según reproduce La Nación, las autoridades ordenaron desocupar el edificio del Congreso en Valparaíso, debido a incidentes en sus alrededores; hay dos carabineros heridos.
El transporte metropolitano fue el detonante del estallido. Un aumento de 3,45% de la tarifa del Metro inició las protestas, protagonizadas por jóvenes, que se generalizaron apuntando a varios ejes del modelo económico neoliberal y en especial contra un sistema privado de pensiones heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que genera bajas rentas.
Una semana de manifestaciones, enfrentamientos y saqueos en Santiago y otras ciudades han dejado 19 muertos y denuncias de abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad: policías y militares que salieron a patrullar las calles por primera vez desde la dictadura en medio del "estado de emergencia".
Cinco de las 19 muertes registradas fueron a manos de las fuerzas estatales, generando cuestionamientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y provocando que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunciara el envío de una misión al país.