El gobernador Rogelio Frigerio y parte de su gabinete se reunirán este martes por la tarde en la ciudad de Lucas González con intendentes de la provincia para analizar la nueva política nacional de prohibir a municipios incluir tasas en las boletas de servicios públicos.
La medida nacional fue oficializada la semana mediante una resolución de la Secretaria de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Textualmente ordenó que “los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado”.
Es decir que las boletas de servicios como la electricidad y el gas no pueden incluir más tasas como Alumbrado Público, Obras Sanitarias, Seguridad e Higiene, Bomberos y similares.Sólo odrán cobrarse los costos involucrados directamente en los servicios, como generación, transporte y distribución, entre otros.
La medida nacional provocó una oleada de malestar en municipios de todo el país, en especial, proque se considera que una detemrinación así vale solamente para los gobiernos comunales del Conurbano bonaerense, que son los que incluyen una gran cantidad de tasas de ese estilo en las boletas de la luz o el gas, e incluso en las estaciones de servicio y los tickets de comercios locales.
¿Por qué hacen esto los intendentes? Porque son tasas y servicios municipales muy difíciles de cobrar por separado, cada uno por su lado. Entonces los incluyen en aquellos que la población se ve obligada a pagar y mantener (lo más posible) al día.
Sin embargo, intendentes de las provincias, de Entre Ríos incluida, aseguran que los pocos conceptos municipales que incluyen en las boletas de luz y gas que pagan sus vecinos están directamente vinculados a servicios prestados por la Municipalidad: por ejemplo, nada menos que el Alumbrado Público. Y que, de no incluirse en las facturas de los servicios más conocidos, la ciudadanía dejaría de pagarlo y se desfinanciarían las arcas municipales.
En lo político, los jefes comunales del Interior interpretan que la medida nacional obedece a una disputa del gobierno de Javier Milei con los alcaldes del Conurbano, especialmente los del peronismo, y que se trata de una resolución destinada más a impactar en la opinión pública que a generar ahorros o simplificaciones importantes para los vecinos.
