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Superior Tribunal de Justicia

Declararon la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Solidaria

LEY DE EMERGENCIA #Constitucionalidad Así lo estableció el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo a raíz de un amparo presentado por una jubilada. Los jueces creen que es enmarca en la Doctrina de Emergencia

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20 de agosto de 2020 - 15:45

El Superior Tribunal de Justicia -STJ- de Entre Ríos declaró la constitucionalidad de la Ley 10.806 de Emergencia Solidaria. Fue al rechazar el amparo que se conoció como "Caso Rombola". Destacaron que las medidas dispuestas en la Ley son temporales, están fundadas y no vulneran garantías constitucionales.

El tribunal dictó sentencia en mayoría este miércoles, en el marco de la causa "Rombola Elida Beatriz c/ Superior Gobierno de Entre Rios y C.J.P.E.R. s/ acción de amparo", y saldó la discusión sobre la constitucionalidad del artículo N° 6 de la Ley. Participaron los vocales Juan Ramón Smaldone, Claudia Mizawak, Emilio Castrillón, y Miguel Ángel Giorgio.

La amparista, una docente jubilada, objetó el artículo N° 6 de la Ley 10.806, y planteó que la contribución especial solidaria dispuesta en el marco de la Ley de Emergencia afectaba el derecho a la proporcionalidad del haber jubilatorio, concretamente al 82% móvil.

En ese marco, los vocales del STJ, Smaldone, Mizawak y Castrillón "coincidieron en que la Ley 10.806 se encuadra dentro de la denominada Doctrina de la Emergencia, y que una afectación del orden del seis por ciento, como es en este caso, no afecta derechos constitucionales de una manera manifiestamente ilegítima", explicó al conocerse el fallo, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

El funcionario señaló la argumentación de Smaldone al emitir su voto, recorre toda la jurisprudencia de la emergencia y entre otras afirmaciones sostiene que el fundamento de las leyes de emergencia radica en la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial: "En estos casos el Estado está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes con el límite de que esa legislación sea razonable y no desconozca las garantías o restricciones que impone la Constitución", aclaró.

"Las medidas deben ser razonables, limitadas en el tiempo, un remedio, y no una mutación de la sustancia o esencia de la relación jurídica", continuó Rodríguez Signes y explicó que el Dr. Smaldone realizó "un recorrido detallado de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", y concluye que "no hay lesión grave a la garantía del artículo 17, es decir a la garantía de propiedad y justicia en el dictado de la ley 10.806".

Por otra parte, el Fiscal de Estado recordó que el juez de primera instancia, Gustavo Maldonado "declaró inadmisible la acción porque concluía que la vía procesal elegida por la amparista era inadmisible, porque el asunto revestía una importancia y una complejidad muy grande y que no se podía discutir por el amparo y que no aparecía en una forma manifiesta una lesión a los derechos constitucionales". Ante la apelación de esa sentencia, el caso fue analizado por el STJER.

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