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Comenzó el alegato fiscal en el juicio por la obra pública en Santa Cruz

El fiscal Diego Luciani señaló que "entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares". 

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1 de agosto de 2022 - 16:55

El fiscal federal Diego Luciani expuso hoy un duro alegato contra la actual Vicepresidenta, Cristina Kirchner. Según él, no hay dudas de que ella fue la jefa de una asociación ilícita dedicada a extraer fondos del Estado. Para demostrarlo, analizó los vínculos entre los acusados y los expedientes de las licitaciones. También dejó en claro que pedirá que la vicepresidenta de la Nación sea condenada en lo que es su primer juicio oral.

Por videoconferencia, Luciani señaló que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py, Luciani comenzó su alegato con una dura critica a los abogados de Unidad de Información Financiera (UIF) que en sus alegatos pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. El fiscal sostuvo que el alegato de la UIF fue “temerario, poco serio e irresponsable” porque “tergiversaron de manera grosera el sentido de la prueba”.

Luego resumió el punto central de su acusación: “Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”.

Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Kirchner, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, continuó Luciani.

La Fiscalía adelantó que a lo largo de nueve audiencias (aunque Luciani señaló que pueden ser más) va a “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.

Luciani sostuvo también que los acusados no cumplieron con los compromisos internacionales que el estado argentino firmó para luchar contra la corrupción.

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La conexión de Lázaro Báez con la familia Kirchner

El fiscal relató la maniobra desde su inicio, cuando Báez creó Austral Construcciones pocos días después de que Néstor Kirchner asuma la presidencia en mayo de 2003. “El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”, sostuvo y agregó: “Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”.

“Néstor Kirchner y Báez amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que esta acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó.

Para sostener la relación de amistad de Néstor Kirchner y Lázaro Báez, Luciani hizo referencia a la declaración como testigo en el juicio del presidente de la Nación, Alberto Fernández. “El propio presidente Alberto Fernández declaró que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”, dijo y pasó el video de esa declaración.

Luego Luciani también apuntó al resto de los acusados. Habló de que Néstor Kichner llevó al gobierno nacional a funcionarios que habían trabajo con él en Santa Cruz en el área de obras públicas. Nombró a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, a José López, ex secretario de Obras Públicas, a Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos continuaron en sus cargos en las dos presidencias de Cristina Kirchner, de 2007 a 2015.

En el juicio se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Las empresas de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que de 2003 a 2015 se adjudicaron a Santa Cruz. Solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.

También detalló que solo una de los 51 obras mantuvo al valor original. En 39 de esas 51 obras hubo modificaciones en la extensión de los plazos por un total de 63 años y se incrementó el presupuesto por más 1.500 millones de pesos. También que las licitaciones de las obras que recibió Báez tardaron 29 días en adjudicarse cuando el promedio para otras empresas era de 210 días.

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La idea es que haya veredicto antes de fin de año. El pedido de condena para funcionarios ,que la Fiscalía ya adelantó que hará para Cristina Kirchner, suele estar acompañado con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Si la vicepresidenta es condenada puede apelar pero recién cuando se conozcan los fundamentos de esa decisión, lo que quedará para el 2023. Eso excede los plazos para que la condena quede eventualmente firme, por lo que podría presentarse a las elecciones del año que viene.

En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.

En medio de la fuerte interna del Frente de Todos, Alberto Fernández respaldó las críticas de CFK: “La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.

Junto con Cristina Kirchner, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Los abogados del organismo del gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura.

Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de la vicepresidenta será la sexta.

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