lunes 23 de enero de 2023
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Represión

Ascienden a 60 los muertos en las protestas para pedir la renuncia de Dina Boluarte en Perú

La última víctima es un hombre de 62 años que había resultado herido durante los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en la región de Puno. La Policía además desalojó un campus universitario

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La muerte de un hombre en la región de Puno, al sur de Perú, elevó a 60 los fallecidos en las protestas antigubernamentales que afectan al país desde el pasado diciembre. La última víctima es un hombre de 62 años que había resultado herido durante los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, según informó la Dirección Regional de Salud de Puno.

Las movilizaciones se desarrollaron durante todo el día y por la noche los agentes de la Policía Nacional solicitaron refuerzos ante el aparente intento de tomar la comisaría de la ciudad, ubicada en la provincia puneña de El Collao, según informaron medios locales. El enfrentamiento se saldó con otros siete heridos, entre ellos un hombre de 46 años por una herida por proyectil a nivel abdominal y pronóstico reservado, así como seis personas con fracturas, heridas y contusiones de diversa consideración.

Las protestas piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente. Las autoridades peruanas denunciaron que “existe una acción planificada y concertada” en las manifestaciones que se presentan desde hace un mes en el país, con la intención de “chantajear al gobierno”, según el ministro de Interior, Vicente Romero.

Las protestas dejaron desde diciembre pasado 45 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras 14 personas —entre ellas un bebé nonato y cuatro haitianos—, fallecieron por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras.

La policía desaloja un campus universitario en Lima

Este sábado, según informó ElDiarioAR, la Policía Nacional de Perú (PNP) accedió a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima para desalojar el campus, donde acampaban desde hacía varios días cientos de manifestantes venidos de diversas partes de Perú para participar en las protestas antigubernamentales.

Medios locales informaron que un gran operativo entró la mañana de este sábado en el campus. Imágenes difundidas en redes sociales también mostraron un vehículo policial blindado que derribó la puerta metálica del campus para acceder y proceder al desalojo de los manifestantes.

Cientos de personas llegaron desde el pasado miércoles hasta la universidad en la capital peruana y procedentes de Puno, Arequipa y Cuzco, entre otros puntos del país, para participar en las grandes marchas convocadas que piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.

Tras el ingreso de los agentes, policías con equipos antidisturbios se han congregado a las puertas del campus para acordonar la zona. El operativo contó con el apoyo de un helicóptero policial. Estudiantes de la Universidad San Marcos mostraron esta semana su apoyo a los manifestantes y organizaron colectas y cadenas de donaciones de agua, alimentos, mantas o colchones para estos.

Condena de la Unión Europea por uso “desproporcionado” de la fuerza

La Unión Europea (UE) condenó este sábado los “actos de violencia” y el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Perú durante la ola de protestas y asegura que las manifestaciones “sociales pacíficas que respeten el Estado de derecho son legítimas en una sociedad democrática”, expresó en un comunicado un portavoz del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

“La UE reitera su condena de los numerosos actos de violencia y también del uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad”, añade el comunicado, en el que la institución europea lamenta “el gran número de víctimas” desde el inicio de las protestas y advierte de que “las crisis social y política solo podrá ser resuelta en pleno respeto con el orden constitucional, el Estado de derecho y los derechos humanos.

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