La llegada de UBER a Paraná generó polémica en la ciudad desde el primer minuto, debido a la puja con taxistas, la modalidad de trabajo y competencia que sostienen y los vacíos legales existentes, como sucede en la mayoría de las ciudades del país.

Ante su funcionamiento, el tema motivó a la Municipalidad a emitir un comunicado en el que manifestaron que por ahora UBER "no tiene autorización para funcionar legalmente dentro del ejido municipal de la Ciudad de Paraná”.

Desde la Comuna, además, "se intima al cese en sus actividades, en el reclutamiento de conductores, socios y/o cualquier otra denominación con la que se pretenda designar a las personas que conduzcan y/o pongan vehículos a disposición de esa aplicación".

Incluso, de detectarse personas que realizan al actividad, anticiparon que "serán pasibles de las sanciones previstas en las ordenanzas vigentes en la materia, tales como multa, inhabilitación, decomiso, retención y/o secuestro de licencias de conducir y/o vehículos con que se verifique la prestación del servicio, entre otras".

Ahora bien, mientras tanto, la administración de Adán Bahl continúa evaluando un posible encuadre legal de la aplicación móvil ya que la intención es regular la actividad, fundamentalmente para que los trabajadores tributen, estén registrados y se encuentren amparados por la ley.

Según supo AHORA, una de las alternativas de abordar su regulación en Paraná es a partir del estudio del caso de Mendoza, que a nivel provincial reglamentó la actividad a partir de la sanción de la Ley de Movilidad Nº 9086.

La Comuna tiene en carpeta esta norma, pero restan definiciones para decidir cómo intervenir desde el Estado. De todas maneras, en caso de que se decida avanzar, deberá contar con el tratamiento y aprobación del Honorable Concejo Deliberante -HCD-.

¿Qué hizo Mendoza?

En julio de 2018, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en aprobar una ley que posibilitó a la plataforma virtual ser parte de la movilidad urbana. A pesar del contundente rechazo de taxistas que se manifestaron en las calles, la norma fue aprobada por mayoría.

Tras su aprobación, a mediados de septiembre la gobernación de Alfredo Cornejo reglamentó la ley 9.086, que incorpora dentro de su clasificación un ítem para "transporte privado por plataformas electrónicas".

A continuación, se destacan las principales obligaciones que dispone la ley para UBER y/u otra plataforma electrónica de transporte urbano.

- Los titulares de los vehículos afectados deberán solicitar el otorgamiento de un permiso de explotación, el que tendrá el carácter de precario y revocable.

- Las Empresas de Redes de Transporte (ERT) deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Transporte.

- Deberán abonar la tasa de inscripción asociada al permiso de explotación.

- Las empresas deben abonar una sobrealícuota del 1% sobre el total del viaje, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponda a la actividad.

- La Autoridad de Aplicación podrá limitar la cantidad máxima de vehículos y/o las zonas a afectar la prestación del servicio.

- La Autoridad de Aplicación llevará un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisionarios, de las empresas de redes de transporte y de las plataformas electrónicas utilizadas por éstas.

- El monto que el usuario debe abonar por la prestación del servicio, será fijado por la empresa de redes de transporte y aceptado por el usuario al contratarlo.

- Los conductores podrán prestar el servicio únicamente cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas y/o procesadas a través de las plataformas electrónicas habilitadas.

- Deben mantener el vehículo prestador del servicio en perfecto estado de funcionamiento y realizar la inspección técnica periódica del vehículo. Deben garantizar que los vehículos cuenten con los requisitos de seguridad.

- Los conductores deben constituir domicilio en la Provincia de Mendoza y designar un representante, apoderado o encargado de negocios que tenga residencia permanente en la Ciudad de Mendoza.

- Deberán presentar la inscripción en la Agencia de Administración Tributaria de Mendoza (ATM) y la Inscripción en AFIP.

- Deben presentar anualmente ante la Autoridad de Aplicación, los certificados que acrediten que se encuentra al día con las obligaciones tributarias y previsionales propias y/o de sus conductores.

- Los conductores deben contar con Licencia Nacional de Conducir conforme a la categoría que la reglamentación de la presente exija para el servicio de taxis y remis.

- Deberán contar con una póliza de seguro contra todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductor y pasajeros en una modalidad de transporte oneroso.

- Los vehículos deben tener una antigüedad máxima de cinco (5) años desde su primer registración, salvo que se trate de vehículos eléctricos, los cuales podrán tener una antigüedad de hasta diez (10) años.

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