La foto de Mauricio Macri con Luis Chocobar no es una más. Es un mensaje, a esta altura reiterado, de que el Gobierno nacional acepta de manera explícita los excesos de las fuerzas de seguridad. Como en el caso Maldonado, con Gendarmería; y en el caso Rafael Nahuel, con Prefectura.

Chocobar es un policía de Avellaneda, que el último 8 de diciembre mató de dos balazos a uno de los dos delincuentes que asaltaron a Frank Wolek, un turista norteamericano, en la zona de La Boca. Al margen del salvajismo con el que el estadounidense fue agredido -recibió varios puntazos y estuvo a punto de morir- el agente en cuestión fue noticia en los últimos días, cuando Enrique Velázquez, juez de Menores, lo procesó y embargó por haber matado al ladrón, de 17 años.

El argumento de la Justicia fue sólido: Chocobar mató al muchacho por la espalda, en una clara transgresión al protocolo que debe seguir un funcionario de seguridad en estos casos. Disparó siete veces, a un delincuente que no portaba armas -sólo corría- y que no ponía en riesgo la vida de nadie, siquiera del propio funcionario policial. En otras palabras, lo fusiló. Los sistemas internacionales de protección de derechos denominan a esto "ejecución sumaria" o "extrajudicial", y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física de otra persona.

Sin embargo Chocobar fue recibido en la Casa Rosada, donde no sólo el Presidente le prestó su apoyo -en un clara y obscena demostración de querer interferir en la medida judicial- sino que a su lado estuvo Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, y quien en reiteradas ocasiones ha avalado el exceso de la fuerza pública.

Por mencionar dos casos testigo nos remitimos a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El primero, un joven tatuador de 28 años, fue brutalmente reprimido el 1 de agosto de 2017 en una manifestación en Chubut. Escapando de Gendarmería, que no sólo se conformó con desalojar una ruta sino que persiguió a los tiros a los manifestantes, el muchacho terminó ahogado en un río. El Gobierno y sus operadores mediáticos se encargaron entonces de desligarse de la situación, sin tener en cuenta el absoluto exceso de autoridad con el que se manejó Gendarmería, al margen de las sospechosas maniobras de la fuerza, en el marco de un expediente donde se estableció incluso la hipótesis de una desaparición forzada de persona.

Rafael Nahuel, por su parte, fue acribillado por Prefectura el 23 de noviembre en Bariloche, también en una manifestación. Lo mataron de un balazo por la espalda, cuando era perseguido. Murió en el acto. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo que los manifestantes tenían "lanzas", para justificar la situación. Luego dijo que había armas de guerra. La Justicia nunca las halló.

El gobierno nacional avala el exceso de autoridad de las fuerzas públicas. Y lo hace con el consenso de una sector de la sociedad que cree que el "vale todo" rige en estos casos. Y que una persona que delinque no es un sujeto de derecho, y que por tanto puede -incluso debe- ser acribillada. Así sea por la espalda. Así tenga 17 años.

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