La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -Farer- solicitó al Gobierno provincial la eximición del inmobiliario rural en los campos afectos por la prohibición judicial de fumigar. A través de un comunicado, expresaron que consideran a la medida "arbitraria y que cercena la posibilidad de trabajo de productores de pequeña y mediana escala, sin posibilidades de reconvertir sus actividades".

El reclamo por exención impositiva fue presentada ante el ministro de Economía, Hugo Ballay. Precisamente, se pide no pagar el Impuesto Inmobiliario Rural de los inmuebles cuyas partidas se encuentran afectadas por la prohibición judicial para todo tipo de pulverización aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en proximidades de escuelas rurales del territorio provincial.

Además, Farer manifiesta que "esta disposición, como ha sido fundamentado por profesionales en diversos ámbitos, restringe todo tipo de actividad productiva que requiere el uso de insumos correctamente habilitados por organismos nacionales para el desarrollo de las prácticas agrícolas".

Por otra parte, la entidad cuestiona a la Justicia y asegura que la medida es de “sesgo arbitrario” y deja sin posibilidades a innumerables productores, en gran parte de escala y capacidad económica pequeña y mediana, acotando que estos “no podrán ejercer el derecho laboral de trabajar, generando una situación de precariedad y exclusión, ante la imposibilidad de obtener una reconversión en sus emprendimientos”.

El texto de la entidad que representa a las rurales entrerrianas, a la que se encuentran adheridos más de dos mil quinientos productores, exhorta a la administración provincial a que contemple en forma urgente una resolución paliativa que permita resarcir los daños que recibirán los contribuyentes comprendidos por esta determinación de la justicia.

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