El banquero Jorge Brito, presidente del Banco Macro, detalla en esta entrevista todas sus objeciones a la llamada Ley del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, pero también sugiere alternativas, porque -dice- “no está en discusión que existe una necesidad de fondos por parte del Estado”, en el marco de una crisis agravada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, está convencido de que esta ley es “todo lo opuesto” a lo que debería hacer el Gobierno para alentar la recuperación económica, porque castiga doblemente a quienes podrían invertir y crear trabajo.

— ¿Qué opina de la iniciativa oficialista de impuesto a la riqueza, presentado como “aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas”?

— En primer lugar, desde ya que no está en discusión que existe una necesidad de fondos por parte del Estado para aliviar los efectos negativos adicionales que, a la crisis en que ya estaba inmersa Argentina, le agregó la pandemia del covid-19. Así como no se discute que el Estado necesita fondos, tampoco discutimos que son los que más tienen los que deben ayudar en este momento para paliar los problemas económicos que la pandemia ha agravado.

— ¿Es decir que estarían de acuerdo con el espíritu de la ley?

— En realidad lo que está en discusión no es el porqué sino el cómo. Es decir, de qué modo el sector empresarial nacional y el extranjero que está radicado en nuestro país debe acompañar al gobierno en este momento.

— ¿No sería adecuado el mecanismo que eligió el Gobierno para ese acompañamiento?

— No, el camino que ha elegido el gobierno es, cuanto menos, equivocado. Y es errado por varios conceptos en los que se funda la propuesta. Primero, se eligió como manifestación de riqueza el patrimonio de aquellos que tienen más que una determinada cifra de activos. Pero resulta que esto no es por primera vez sino que se hace a menos de nueve meses de haber establecido un aumento en la tasa del impuesto a los bienes personales, que pasó de 0,25% a 1,25% para los bienes en Argentina y al 2,25% para los bienes en el exterior. Este aumento no es por única vez, porque este impuesto se cobra todos los años y se va a seguir cobrando. O sea, ya se impuso un sacrificio adicional en la imposición de este tipo de bienes que lo llevó a una tasa confiscatoria.

— Un primer problema sería entonces que se superpone a un “aporte” anterior dado por el incremento de la tasa del impuesto a los bienes personales...

— Así es. Se hace esto en un país que ya viene con la carga de una muy alta presión impositiva. O sea, no es un impuesto nuevo en un país con una tributación sencilla, sino otro impuesto más, que aunque sea por única vez, se da en un país con una alta tributación y una gran cantidad de impuestos.

— El Gobierno dice que en otros países se toman medidas así, pero también se toman otras medidas, como aliviar la carga a los privados en la confianza de que ellos motorizarán la recuperación.

— Es que si se busca que el país siga con una economía mixta, esto es, privada y estatal, la creación de este impuesto solo agrega más elementos a aquellos que quieren irse del país. Ahora, si lo que se busca es que todo pertenezca al Estado, esta discusión no tendría razón de ser. No se puede castigar doblemente a aquellos que, además de estar pagando una tasa realmente alta, deben a su vez aplicar esos fondos privados a la generación de nuevos emprendimientos que, obviamente, generarán nuevos trabajos.

— ¿A quiénes alcanza este impuesto? Porque, en el imaginario colectivo, se supone que se trata de gente inmensamente rica, para la cual esto no representa un gran esfuerzo.

— No es así, y cuando decimos esto no estamos pensando en los 100 argentinos más ricos de la lista de Forbes que por supuesto podrían pagarlo y seguirán teniendo liquidez, sino en los 9.900 argentinos para los que pagarlo tendrá una significación mucho más importante y que son los que desaparecerán con sus medianas empresas o bien se irán del país.

— En momentos además en que la Argentina necesitaría repatriar capitales o invitar a nuevos inversores.

— Como señal, esta ley es todo lo opuesto a hacer para que la gente quiera venir a invertir a la República Argentina. El gobierno está errando en la forma de tratar de salir, apostando todo a crear más impuestos. La administradora de la AFIP, (Mercedes) Marcó del Pont, dice que aumentará los impuestos, el gobierno además agrega un impuesto a las grandes fortunas y después quiere hacer crecer la construcción generando un blanqueo. ¿Qué tonto va a querer blanquear dinero en Argentina? Realmente, ¿hay alguien en el gobierno que tenga una estrategia en materia impositiva?

— ¿Cree que habrá un mayor éxodo de empresas?

— Creo que la sanción de la ley, tal como la propone el diputado que la tiene a su cargo, solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto y posiblemente no se cobre nada o poco y solo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios que no llevará a nada, irritará a la gente y nos acercará un paso más al precipicio.

— ¿Qué debería hacer el Gobierno entonces para financiarse?

— Claramente el Estado debe manejarse con dos herramientas, impuesto y deuda pública o, como se dice normalmente, política fiscal y dinero. Es por ello que, si se quiere tomar dinero de las grandes, medianas y pequeñas fortunas, no debería aplicarse un impuesto tal como está diseñado en este proyecto. Existen varias alternativas, que deberían pasar por algún tipo de empréstito barato para el Estado.

— ¿Cómo sería eso?

— Partiendo de la base del mismo importe que se quiere recaudar, se podría, indistintamente optar por las siguientes tres alternativas:una, que el monto aportado sea una cuenta tributaria en pesos con ajuste dólar link que se use en cuatro cuartos a partir del quinto año de aportada; dos, un bono en dólares o dólar link sin interés, con similar plazo de amortización; o, tres, un monto a invertir en los próximos 18 meses en aquellas áreas que el Gobierno crea imprescindibles y que den trabajo; a saber, energía, construcción, transporte, etcétera; y ese monto debería mantenerse por el término de cuatro años sin vender la inversión o bien la participación en una empresa.

Fuente: Infobae

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