La modificación de la ley de movilidad jubilatoria es uno de los puntos álgidos que se debaten por estas semanas. Según los primeros cambios, ya para el año próximo implicaría aumentos en los haberes en unos 10 puntos inferiores a los que resultaría de mantenerse la actual fórmula.

Se estima que en lugar del 24%, los aumentos bajarían al 14 o 16%, y en consecuencia los beneficiarios de esas prestaciones no recuperarían la pérdida de 2016. En total con ese cambio el Gobierno pagaría, en 2018, entre $ 120.000 millones y $ 140.000 millones menos en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otras prestaciones, y sería clave para financiar el resto del paquete impositivo, publica Clarín.

Las reformas abarcan otros puntos claves:

1. Eliminación del tope de la remuneración máxima, que actualmente es de $ 81.918,55, sobre el que se realiza el descuento previsional a los empleados de salarios altos. Así ANSeS tendrá mayores ingresos, pero en contrapartida, tampoco tendrá un tope el cálculo de la jubilación. Actualmente la jubilación tiene un tope, que es de $53.090,20 que está sujeto a la retención de Ganancias, monto que irá creciendo a año a año a medida que ingresen esos aportes más altos.Se estima que poco más de 200.000 personas ganan por encima del tope, el 75% varones y el 25% mujeres.

2. Menores ingresos para ANSeS por cambios impositivos. Es porque ANSES, podría perder alrededor de $67.800 millones en 2018. “Esto se produce debido a que el organismo dejaría de percibir el 20% de lo recaudado por Ganancias ($128.300 millones), pero recibiría el 30% restante del impuesto al cheque ($60.500 millones)”, según el Instituto de Trabajo y Economía. Pero como el impuesto al cheque podría ser tomado a cuenta de Ganancias y en consecuencia podría ir menos dinero a la ANSeS “el desfinanciamiento a la ANSES podría llegar a los $219.000 millones en 2018”.

3. Reducción de contribuciones patronales:La propuesta oficial es pasar del 17% y 21% ( según sectores) de contribución sobre el salario bruto a cargo del empleador a una alícuota única del 19,5% eliminando las diferenciaciones geográficas y distintos programas de exenciones existentes hasta el momento. Y se aplicaría no sobre el salario bruto total sino descontando un mínimo no imponible (MNI) creciente que arranca de $ 2.400 hasta ubicarse paulatinamente en 2022 en un valor equivalente al poder adquisitivo actual de $12.000. Según el economista Claudio Lozano, “el efecto de reducción en la recaudación de contribuciones patronales aplicado a empresas alcanzará al quinto año, un monto total que puede oscilar entre los $180.281 millones a los $208.484. Sin embargo, este resultado se irá alcanzando de forma gradual a partir del próximo año. Y podría llevar una rebaja en la recaudación de $40.586 millones, ya en el primer año de aplicada la reforma”.

4. Juicios de jubilados: ANSeS está apelando los fallos de Cámara de reajustes de haberes de los jubilados que no aceptan los menores índices ( Ripte en lugar de ISBIC) de la ley de Reparación Histórica. El tema volvió así a la Corte que había avalado el índice ISBIC, pero ahora el Gobierno quiere que el Alto Tribunal vuelva a pronunciarse. Están en juego unos 200.000 juicios con diferencias de hasta el 70% en detrimento de los jubilados si el Alto Tribunal le da la razón a la ANSeS. Actualmente el Presupuesto destina unos $ 15.000 millones anuales al pago de las sentencias firmes.

5. Blanqueo laboral: la regularización de trabajadores no registrados podría mejorar la recaudación de la Seguridad Social por los nuevos aportes y contribuciones de los trabajadores blanqueados.

Si se aprueban todos esos cambios, el menor financiamiento de la Seguridad Social obligaría a mayores cambios, entre los que se mencionan un eventual aumento gradual de la edad jubilatoria y modificar hacia abajo el cálculo de las futuras nuevas jubilaciones. EL FMI y otros organismos financieros vienen planteando esa alternativa y que las futuras jubilaciones bajen del 65% del sueldo al 45% a complementar con aportes adicionales voluntarios.

La ley de Reparación Histórica fijó un plazo de hasta tres años (2019) para una reforma más amplia a través del “Consejo de Sustentabilidad Previsional”, presidido por el Ministerio de Trabajo e integrado por distintos sectores y expertos para proponer un nuevo régimen previsional “universal, integral, solidario y sustentable”. Se menciona que habría un pilar básico, conformado por la actual Pensión Universal del Adulto Mayor que paga el 80% del haber mínimo (poco menos de $ 6.000), una prestación según los años de aportes y podría crearse un “pilar” complementario, de aportes voluntarios, manejado por compañías de seguro o fondos privados.

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