Durante los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández, en donde el avance del coronavirus en los penales y los motines dejaron al descubierto la crisis del sistema carcelario, la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios permaneció vacante, y el Servicio Penitenciario Federal estuvo a cargo de Emiliano Blanco, funcionario heredado de gobierno de Mauricio Macri.

Finalmente, el Presidente anunció hoy que el Servicio Penitenciario será intervenido y quien estará al frente será la ex jueza y miembro de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, quien ocupará la cartera que hasta ahora se mantuvo vacía por una disputa entre los distintos sectores de la alianza del Frente de Todos.

La desconfianza que terminó con la renuncia de Emiliano Blanco llegó del ala kirchnerista del ministerio encabezada por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Aunque fue funcionario de Cristina Kirchner, el sector que responde a la Vicepresidencia no le perdonó su permanencia en el cargo durante la gestión macrista. No solo reprochan la sobrepoblación, hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad y la falta de condiciones sanitarias acrecentadas durante el macrismo, si no haber permanecido bajo una conducción política a la que la Vicepresidenta Cristina Kirchner acusa de haberla perseguido judicialmente.

Apenas una hora más tarde de que el Presidente anuncie la intervención del Servicio Penitenciario, el penal federal de Ezeiza fue allanado en el marco de una de las causas por presunto espionaje ilegal. El procedimiento tiene que ver con la posibilidad de que los detenidos del kirchnerismo tuvieran micrófonos en sus pabellones. “Esto fue todo hecho con la complicidad de Blanco”, afirman desde el círculo íntimo de la Vicepresidenta. Mena resistió estos meses de la idea de la titular de la cartera, Marcela Losardo de darle la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios a este exfuncionario, algo que derivó en que esa área permanezca vacante.

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