Un nuevo escándalo involucra a la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y refleja el escandaloso conflicto de interés que reinó en el gobierno de Mauricio Macri.

Según se desprende de un trabajo de la nueva administración de la OA, Alonso recién empezó a resolver un expediente de 2018 con 69 casos de conflicto de interés el 2 de diciembre de 2019, es decir, apenas ocho días antes de dejar el cargo. Y no abordó todos sino apenas 28, de los que archivó 9. Macri, muchos de sus ministros y funcionarios de áreas clave, se vieron favorecidos. Incluso, un integrante del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable figura relacionado a 300 empresas.

El rol de la OA es evitar que se materialice un conflicto de interés, que es la puerta a varios delitos. Por eso, carece de sentido tomar medidas a una semana del cambio de gobierno cuando todos los funcionarios involucrados están en retirada. A contramano de lo que se necesita, que es una respuesta rápida de la OA, Alonso demoró casi un año y medio en tratar este caso paradigmático, conocido como “Casa Matriz”, que tuvo como disparador una nota de Página12 basada en un trabajo académico relevado por Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del Observatorio de las Elites Argentinas de la UNSAM y actualmente secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

El expediente interno que nucleaba estos casos de conflicto de interés lo encontró paralizado la nueva gestión de la OA, a cargo de Félix Crous, que se dedicó a estudiarlo. Lo que se desprende de allí explica, entre otras cosas, por qué en 2019 cuando estaba al frente del organismo, Laura Alonso se resistió a brindar información de su gestión a la Auditoría General de la Nación.

El caso

Hace casi dos años, el 1° de agosto de 2018, se le dio impulso en la OA a un expediente que cuatro meses más tarde recomendaría profundizar la investigación en torno a 69 funcionarios macristas que “tendrían algún tipo de vinculación con determinadas empresas del sector privado, ya sea en rol de autoridad, socio o representante”.

Era tal el escándalo, que el 8 de enero de 2019 la investigación avanzó. Y en referencia a 52 funcionarios, se señaló: "Habiendo detectado que los funcionarios antes mencionados no han declarado las sociedades aquí descriptas y ante la posibilidad de que pudieran haber omitido tal información en razón de haber estado vinculados al tiempo en que debieron presentar sus declaraciones juradas o seguir manteniendo actualmente aquellas vinculaciones, a juicio de esta Dirección correspondería se formulen los requerimientos de aclaraciones patrimoniales pertinentes."

Habían pasado 5 meses desde la apertura del expediente. Tuvieron que pasar 11 más para que Laura Alonso intervenga en el asunto. Pero, a la luz de los hechos, fue para darle cobertura a los altos funcionarios involucrados más que para evitar que se cometan en delitos en la función pública.

Es que recién el 2 de diciembre de 2019, a ocho días de la asunción de Alberto Fernández, se realizó un informe en el marco de este expediente en el que se señala que "en un número significativo de los casos abordados no se advierten situaciones que ameriten la apertura de una investigación por posible infracción al régimen de conflictos de intereses y, en todo caso, de acuerdo a los criterios de la oficina en casos precedentes, correspondería formular instrucciones preventivas.”

En el mismo documento, se dejó asentado que “no obstante lo expuesto, la fecha en la que este informe se ha terminado de elaborar” y “la proximidad del cambio de gestión, tornan inoficioso formular tales instrucciones; ya que la mayoría de los funcionarios aquí analizados muy probablemente cesarán en sus cargos el 10-12-2019”. Esto derivó en que se libraran notas recordando los deberes y limitaciones posteriores al ejercicio de la función pública a los funcionarios involucrados.

La gestión actual de la OA estudió el caso: “Si se analiza el (último) informe, se encuentra que se trata de una reseña de 28 casos de funcionarios, sus vinculaciones con empresas privadas, las actuaciones tramitadas en el ámbito de la Subsecretaría de Integridad y Transparencia, y las recomendaciones que se sugieren caso por caso”. En ese lote de 28 casos había cuatro que no estaban en el listado inicial de 69, por lo que el total de funcionarios que debieron se analizados en profundidad asciende a 73.

Si bien el gobierno de Macri había llegado prácticamente a su fin, en 19 de estos casos se recomendó la solicitud de información adicional, ya sea al funcionario comprometido, al organismo donde se desempeñó o a la IGJ.En algunos casos, también se sumó a la empresa con la que podría tener conflicto de interés. Para el resto, se sugirió el archivo el caso.

Toda una marca registrada de la OA de Laura Alonso, que ya tenía como casos paradigmáticos al de Juan José Aranguren que estuvo al frente del Ministerio de Energía siendo accionista de Shell; y al de Santiago Bausili, el ex N° 2 del Ministerio de Finanzas, que fue uno de los funcionarios macristas que estuvo a cargo de la negociación y pago a los Fondos Buitres. Bausili asumió en la función pública siendo parte del Deutsche Bank, unas de las entidades bancarias que intervinieron en el proceso de pago de la deuda. Cuando se resolvió que estaba en un evidente conflicto de interés ya estaba en sus últimos días en la función pública.

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