A partir de este año, las empresas podrán donar a las campañas electorales -algo que hasta ahora solo tenían permitido para actividades ordinarias de los partidos- y todos los aportes serán bancarizados. Son los dos principales ejes del proyecto de ley de financiamiento político que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados, con 148 votos afirmativos y 69 negativos.

La iniciativa, que comenzará a regir en este turno electoral, fue respaldada por el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria-PJ se opuso fervientemente y defendió que el financiamiento político sea “100% estatal”. También hubo rechazo de la izquierda y del espacio Red por Argentina, que lidera Felipe Solá.

A la hora de la votación en particular, se produjo una fisura en el interbloque Cambiemos: la Coalición Cívica, en función de su posición histórica sobre el tema, rechazó el artículo 4 del proyecto, el cual habilita los aportes privados. Ese artículo recibió 135 votos a favor y 81 en contra.

El proyecto sancionado, que fue objeto de intensas negociaciones en el Senado, fue promovido por el Gobierno a raíz de la causa judicial de los “cuadernos de la corrupción”, donde se investiga una red de financiamiento ilegal que involucra a exfuncionarios y empresarios durante el gobierno kirchnerista.

En la flamante ley se establece que los partidos políticos “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”. Los partidos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña.

Los aportes en dinero solo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, y el donante deberá acreditar su identidad. También se permitirán los aportes en especie, esto es, aquellos que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.

La iniciativa aprobada también modifica los plazos de la campaña electoral; reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales; regula aspectos de la campaña digital y del trabajo de las encuestadoras de opinión; y define la utilidad de los fondos destinados a capacitación dentro de los partidos.

Fuente: Parlamentario

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