Álvaro Piérola, uno de los fiscales de la causa contra Justo José Ilarraz, confirmó al Nueve que la tobillera electrónica, que controla que el sacerdote no viole la prisión domiciliaria que está cumpliendo en Paraná, se activó en dos oportunidades.

"Nos constituimos en el lugar de monitoreo y en realidad era una cuestión de sistema: había un lugar del departamento en que el dispositivo no lo captaba, pudimos comprobar que esto era así", explicó.

Por tanto, sostuvo que la Fiscalía no cuenta con razones suficientes como para pedir que se proceda a retirar el beneficio al sacerdote, que fue condenado el 21 de mayo de 2018 a 25 años de prisión por los abusos en el Seminario de Paraná.

Las declaraciones del fiscal se dieron este jueves en los Tribunales de la capital entrerriana, en la antesala a la audiencia en la que la Defensa de Ilarraz presentó la apelación a la sentencia.

Según Piérola, la idea de los abogados defensores es "insistir en que la acción penal no está vigente, es decir, que se lo condenó con delitos prescriptos". Asimismo, "se queja su defensor de cómo fue valorada la prueba: no le creen a las víctimas, algo que es revictimizante, sin lugar a dudas", consideró.

Afirmó que "el juicio fue muy claro y amplio en ese sentido" y que se respetaron "todas las garantías para controlar las pruebas por parte de Ilarraz". "Fue muy contundente y un nivel de certeza de que los hechos ocurrieron tal como las víctimas lo dijeron", concluyó.

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