En otra estrategia político económica, el Gobierno de Alberto Fernández quiere darle cauce a un proyecto que había presentado en agosto: la Ley de Promoción de los Hidrocarburos. La iniciativa busca promover las inversiones en el sector, a través del incremento de la producción e industrialización.

Entre los incentivos planteados para lograr el objetivo, el proyecto establece una disminución del Impuesto a las Ganancias, garantizar una exportación de entre 20 y 50 por ciento de la producción incremental de cada empresa, y una libre disponibilidad de dólares en el mercado de cambios del hasta 50 por ciento de la exportación garantizada.

Por eso, las petroleras que conforman la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) analizan y debaten qué postura tomar frente a la posible normativa. La semana pasada mantuvieron una reunión de la que formaron parte representantes de YPF, Pluspetrol, CGC, Vista Oil&Gas, Tecpetrol, Pampa, Pan American Energy, Chevron, entre otras.

Llegar a un acuerdo entre todas no resultará una tarea sencilla. Cada petrolera baraja sus intereses y analiza qué es lo que le convendrá a futuro. Uno de los puntos a tener en cuenta para entender las posiciones, es que hay compañías que son firmas integradas y otras que son únicamente productoras y no integradas.

Además, otro de los puntos que levantó polémica fue la base para establecer cuánto crudo podrá exportar cada compañía. El proyecto de ley propone hacerlo sobre el máximo entre el volumen de 2019, el de 2020 y el volumen de los doce (12) meses transcurridos entre mayo de 2020 y abril de 2021 inclusive, según defina la Autoridad de Aplicación.

Para algunas petroleras, esta medida es ciertamente perjudicial, ya que frena la recuperación que vienen marcando luego de una etapa crítica como lo fue la pandemia. Por lo pronto, el proyecto genera algunas dudas y rispideces en la industria hidrocarburifera, que aun no tiene una posición estrictamente tomada.

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